Tribuna

REFLEXIONES DISCIPLINARIAS

23.07.2013  

Nuevamente los militares nos encontramos ante un cambio normativo –proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario- de los que afectan profundamente a la profesión. Siendo, esta vez, el ámbito de la disciplina el nuclear es, sin embargo, preocupante que otro espacio, el de la dignidad personal, quizás pueda verse gravemente afectado, por lo que se desprende del texto presentado: los derechos fundamentales recientemente regulados, de forma tímida a los militares, pueden quedar finalmente limitados y sancionado su uso, por una nueva ley que no se acomoda ni a los tiempos ni a la sociedad actuales, ni a los Derechos Humanos.

El texto que se proyecta de ley disciplinaria es un mandato de la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (LODDFAS). Un nuevo orden de derechos y deberes establecidos por ley orgánica, donde por primera vez en más de treinta años de Constitución, se regulan los derechos fundamentales para los militares, no merece sino un cambio trascendental del orden disciplinario, habida cuenta de que se viene arrastrando una ley de régimen disciplinario con similares contenidos desde 1985 (Ley Orgánica 12/1985 de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas). En aquella ley, en su artículo primero, se declaraba que “El régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas tiene por objeto garantizar la observancia de las Reales Ordenanzas y demás normas que rigen la Institución Militar”, y no tenemos que olvidar que aquellas “Reales Ordenanzas” se promulgaron antes de la aparición de la Constitución Española.

Hoy las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas han sufrido un drástico cambio afectadas por diferentes leyes que han dado paso a un texto más moderno, aunque aún con grandes lastres del pasado, pendiente además de modificación para su adaptación a la LODDFAS.

Esa actualización que, en cierto modo, gira en torno a unas reglas de comportamiento remozadas, no es la única que se ha efectuado. El cambio de unas Fuerzas Armadas basadas en la leva a otras profesionales, obligó a la aprobación de una ley para dar cobertura a este carácter más ocupacional de la milicia: La Ley de Tropa y Marinería. Sin ser esos los únicos cambios, una Ley Orgánica de la Defensa Nacional –LODN-, con anterioridad, había sentado las bases de futuras evoluciones normativas en el seno de las Fuerzas Armadas; una Ley de Carrera Militar varió drásticamente los procesos de incorporación, ascenso y promoción en la carrera de los militares, y una Ley de derechos –LODDFAS- reguló los derechos fundamentales a los militares creando, al mismo tiempo, un espacio de participación nunca antes visto. Pero además, recientemente se ha incorporado la normativa sobre prevención de riesgos laborales en las Fuerzas Armadas, se han originado nuevas unidades como la Unidad Militar de Emergencias –UME- con misiones antes desconocidas para los militares. Y, en general, los riesgos a los que teóricamente se puede enfrentar España, según la LODN, y la forma de afrontarlos con sus Fuerzas Armadas, son muy distintos a lo que hasta hace apenas una década se consideraba. Por otra parte, las misiones en el exterior son ya una faceta de la defensa que se realiza con gran normalidad y asiduidad.

Toda esta revolución normativa en menos de una década no se ve, sin embargo, proyectada en la actual propuesta de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. El texto presentado parece ignorar este gran cambio que constituye la profesionalización completa del militar y unos nuevos conceptos en los ámbitos de la defensa y la seguridad, además de los progresos conseguidos en materia de derechos sociales.

El anterior gobierno, de la mano de la ex-ministra Carme Chacón, propuso un texto de nuevo régimen disciplinario donde lo más innovador consistía en una timorata desaparición de la sanción de privación de libertad, aplicable únicamente a las faltas leves.

El texto que se trabaja actualmente, el presentado por el ministro Pedro Morenés, es prácticamente el texto propuesto por el anterior gobierno con algunas modificaciones, entre las que destaca el mantenimiento de las sanciones de privación de libertad para cualquier tipo de falta.

Ambos textos, junto a la vigente Ley Orgánica 8/98, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, no difieren mucho en su forma y en los contenidos esenciales de la Ley Orgánica 12/85 - primera tras la desaparición del Código de Justicia Militar-.

No se entendería que, tras los esfuerzos legislativos que han ido acomodando, en cierto modo, el “hecho militar” a los cambios sociales, a las nuevas necesidades de defensa y a los derechos fundamentales de las personas, ahora este texto, cuya finalidad es “garantizar la observancia de las reglas de comportamiento de los militares” - reglas que atienden tanto a deberes como a derechos- quede simplemente como un remedo de norma garante de los Derechos fundamentales, los cuales, los propios militares están obligados a cumplir.

El llamamiento a las tradiciones en los ejércitos que se viene realizando para la justificación de procedimientos y normas, lastra en muchas ocasiones los avances de los derechos y la adecuación del militar a su dimensión de ciudadano. El militar no es una mera herramienta para la defensa que se pueda ajustar sin más límites que los que impongan las necesidades; ha de ser precisamente la cobertura de las necesidades la que se ciña a la dimensión de ciudadano del militar. El militar es un ciudadano al que se le restringen derechos constitucionales; que pueda llegar a perder la vida en combate no significa que haya una disposición permanente de su vida durante el desarrollo de su actuación profesional y fuera de la misma. El militar tiene también otros deberes sociales y familiares que ha de cumplir en igual o mayor grado que los deberes profesionales.

Nunca la tradición puede ser óbice para el disfrute pleno de derechos fundamentales.

Esperamos, pues, del legislador que sepa, por fin, atender las necesidades reales de unos ciudadanos que los distintos gobiernos han mantenido, durante más de treinta y cinco años, al margen de una regulación de sus derechos fundamentales.

Esperamos pues, que exista suficiente altura de miras para soltar el lastre de las tradiciones que limitan derechos fundamentales y que tanto ralentizan los avances en la acomodación de los derechos fundamentales a los militares.

Esperamos, pues, que exista suficiente valentía política para vencer las presiones que desde las propias Fuerzas Armadas “tradicionalmente” inducen a ciertos resultados en las normas que nos afectan. El alto mando militar, en general, no es representativo del pensar ni del sentir del militar y no extrae democráticamente de los componentes de las Fuerzas Armadas sus aportaciones, sus propuestas o sus inquietudes. Existen nuevos cauces de participación más democráticos que el legislador ha de tener en cuenta. Ya todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas podemos ser sujetos activos en la participación en los aspectos profesionales y sociales que nos afectan.

Esperamos, pues, que en estos nuevos tiempos, las asociaciones profesionales, como claro referente para la participación del militar, sean una herramienta principal para transmitir la opinión, la sensibilidad y la reivindicación de los principales protagonistas de las Fuerzas Armadas a quienes finalmente tengan que plasmar en normas la regulación de su vida profesional.

Esperamos, en definitiva, que esta nueva ley disciplinaria respete los derechos fundamentales de los militares y que establezca un marco disciplinario avanzado lejos de ideas trasnochadas y de tradiciones que menoscaben la dignidad de las personas.

No dejemos esta norma trascendental en manos de los de siempre para seguir teniendo más de lo mismo.

JORGE BRAVO

Presidente de AUME

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