Tribuna

DISCIPLINA VS. DIGNIDAD

26.06.2014  

LA TRIBUNA DE AUME. Fte Aume.-El cumplimiento de las misiones que la sociedad ha encomendado a los militares y que ha venido demandando durante todos estos años de conformación y consolidación de la democracia, ha sido llevado a cabo con labor callada y, en gran medida de forma opaca, con una efectividad puesta de manifiesto en el desarrollo de las misiones internacionales y de acciones para procurar el bien común; efectividad que la propia ciudadanía valora una y otra vez de forma muy positiva.



 

Las Fuerzas Armadas como organización al servicio del Estado han cumplido y cumplen sus cometidos constitucionales, pero existe una contraprestación con un precio muy alto: el menoscabo de derechos a nivel individual y personal del militar que devalúa su condición ciudadana y le somete a situaciones de indignidad con difícil encaje constitucional de las normas que lo regulan. Restricción de derechos que va más allá de lo que la propia Constitución establece.

Mientras la sociedad se daba un estado de derecho haciendo consolidar la democracia, los militares cumplían esperando ser parte en el resultado final del proceso. El ajuste al que se les debía someter para incorporarles plenamente al seno de la sociedad a la que pertenecen no ha sido el esperado y quizá no sea el que la propia sociedad demanda: unas Fuerzas Armadas plenamente integradas con su sociedad e imbuidas de la moral de esta.

Prohibir a los militares los derechos políticos, los derechos sindicales, el derecho de manifestación, reduciendo en extremo el derecho de libertad de expresión y de reunión, minimizando su derecho y capacidad de participación y manteniéndole alejado de los Derechos Humanos plenos, todo ello bajo el imperio de un poderoso y vigilante régimen disciplinario, no posibilita, en ninguna medida, que el militar esté –se sienta- inmerso en la sociedad de la que es parte.

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional estableció las pautas para que las Fuerzas Armadas y sus componentes adquiriesen un grado más de reconocimiento de derechos que les acercara a la ciudadanía plena: “El nuevo reclutamiento de nuestros Ejércitos, la desaparición del servicio militar obligatorio y la implantación de un modelo de Fuerzas Armadas profesionales son cambios relevantes que reclaman una legislación orgánica de la Defensa adaptada a ellos”. Esta ley dio un mandato: la ley reguladora de derechos fundamentales y el Observatorio de la vida militar –esto fue en el año 2005-. Paciencia.

A causa de leyes como la de Tropa y Marinería, de la carrera militar y de la Ley Orgánica de derechos y deberes (lo de los “deberes” se añadió porque resultaba excesivo dejar sólo el concepto –en vano, un primer proyecto se denominó de derechos y libertades-) se hacía necesaria la reforma de la Ley disciplinaria y la del código penal. Obteniéndose, por fin, una ley disciplinaria que perfila y matiza, mediante su régimen sancionador, el uso de los menguados derechos y la obligatoriedad del cumplimiento de los deberes.

Estos días se están dando los pasos obligados en el Congreso para la reforma del régimen disciplinario, con la aprobación en pleno del Congreso del dictamen al proyecto de ley y su posterior pase al Senado. Pero desgraciadamente, de forma inexplicable, o no tanto (los juegos políticos de consensos hacen su labor muchas veces en contra de los intereses ciudadanos), nos encontramos con una norma que degrada derechos fundamentales, castigando el uso de algunos de ellos en exceso, limitando el ejercicio de derechos fundamentales y sin dar protección al ejercicio de nuevos derechos regulados.

Un régimen disciplinario debe de disponer de herramientas eficaces para poder conciliar la plena asunción de los deberes con el disfrute de los derechos, y poder proteger a ambos en el cumplimiento de la misión encomendada por la Constitución. Sólo así se podrá obtener el resultado de una mejora del servicio mediante un adecuado equilibrio de deberes y derechos, perfectamente delineado mediante normas respetuosas con el fin y con los medios, con la misión y con las personas.

El actual texto apenas recoge nada de esto. La línea continuista de lo que tradicionalmente se ha entendido por mantenimiento de la disciplina impregna completamente a aquel y se enroca en una suerte de absurdo realizando un continente para contenerse así mismo.

La disciplina se sigue contemplando como un fin en sí mismo y no como un medio para alcanzar los objetivos que la Constitución establece.

Si no se restablece la lógica y el derecho al derecho, dejando a un lado conciertos, consensos o pactos, volveremos a encontrarnos con imágenes aberrantes como: militares, madres o padres, privados de libertad separados de sus hijos por la comisión de una falta, o, por el mismo motivo, militares encerrados en centros disciplinarios como delincuentes. Aunque ejemplos -nada extremos- pueden dar una idea de la falta de tacto y del desconocimiento absoluto de la realidad del militar, que si no se remedia se le seguirá manteniendo en esta indignidad sólo por no haber debatido en profundidad y por dejar que imperen otras fuerzas que nada tienen que ver con el derecho, con la lógica y con la dignidad.

El mantenimiento de la privación de libertad como sanción disciplinaria, el excesivo celo sobre los prohibidos derechos sindicales y políticos, la vigilancia sobre los casi desaparecidos derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación, y las escasas o casi nulas garantías en los procedimientos disciplinarios, degradan al ciudadano militar relegándole a una suerte de vasallaje impropio de un estado de derecho y de una sociedad avanzada.

Este régimen disciplinario que se proyecta hace desiguales a los ciudadanos y pervierte el sistema, negándole al militar aquello que este está dispuesto a defender, para los demás, aún a costa de su vida.

Jorge Bravo

Presidente de AUME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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