Tribuna

LOS CIUDADANOS MILITARES Y SU OPINIÓN POLÍTICA

13.08.2015  

    Jorge Bravo -Presidente de AUME- Que el militar, en el ejercicio de su actividad profesional, esté obligado a la neutralidad política, resulta una obviedad, no sólo por ser su deber impuesto por la ley, sino porque, como miembro de la administración pública, se debe a los dictados de ésta en cuanto a incompatibilidades e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.-



Que ese mismo ciudadano (militar) tiene el derecho a la participación política (“Los poderes públicos han de facilitar la participación de todos en la vida política” -C.E. art. 9 y 48-) resulta también una obviedad, ya que, como ciudadano, tiene ese derecho reconocido. Es un derecho que le permite la defensa y promoción de los intereses personales, de los de su familia y de los de su entorno social. A nadie se le escapa que un ciudadano militar ejerce su derecho al voto, habla, debate y discute con familia y amigos, sobre cuestiones políticas y que, por supuesto, las decisiones políticas le afectan y por tanto no es un sujeto impasible ante las mismas, por necesidad, por dignidad, por deber ciudadano y porque es persona y ciudadano antes que militar. Todos sabemos que, a los ciudadanos, fuera de su ejercicio profesional no se les limita o prohíbe el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente.-

En el ámbito normativo de las Fuerzas Armadas existe una expresa intencionalidad en la anulación o minoración de la privacidad, de la intimidad personal más allá del ejercicio profesional del ciudadano militar. El ámbito privado del militar, como ciudadano sin más, parece no existir. Es más, parece inferirse de algunas normas, que “lo militar” (y por tanto las limitaciones y prohibiciones de derechos en el ejercicio profesional) la condición de militar, le acompaña en toda su actividad vital. Pero este ciudadano tiene una vida al margen de su trabajo que nada tiene que ver con la condición de militar, sino, con su “condición de civil”.-

Sería largo de exponer aquí antecedentes de algunas ideas y algunas tradiciones, y el germen de alguna moralina que aún se trata de mantener en el seno de las Fuerzas Armadas. Moralina con la que se intenta edificar un cierto cuerpo de valores de la milicia que, a todas luces, no es más que una ficción creada por algunos melancólicos ante la pérdida de un pasado glorioso.-

De ese “cuerpo de valores” moralíneos (valga el neologismo) forma parte la llamada neutralidad política (y también sindical) que, en la ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares, se trata casi de forma enfermiza, por su reiteración -hasta en seis apartados distintos se esgrime-.

Es una prohibición de un derecho constitucional que la propia Constitución no prohíbe al ciudadano militar.- Parece ser que se ha ligado esa neutralidad política al hecho de que las Fuerzas Armadas son depositarias de la “fuerza” del Estado, y eso infunde un cierto temor (¿temor en una democracia?) al posible uso partidista de la misma, como si no fuese una garantía, por contra, su no monopolización ideológica.- Pero, vayamos por partes. Las FAS, en su conjunto son depositarias del uso de la fuerza, pero no todos y cada uno de sus miembros. Un soldado, un brigada o un capitán, no tienen la fuerza, no son la fuerza, ni mucho menos. El Gobierno, el JEMAD y los JEMES sí la tienen. Los JEMES y el JEMAD son nombramientos políticos y son éstos quienes ostentan la fuerza.-

Por otro lado, los militares, como miembros de la Administración General del Estado, como servidores públicos, están obligados a la imparcialidad en el ejercicio de su actividad profesional.- El interés en prohibir a los militares ciertos derechos tiene dos presupuestos. Un interés militar, el de la propia organización que, a través de una monopolización ideológica, pretende mantener un ejército unido para que no ocurra de nuevo lo que ya se sufrió en la guerra civil (bipolarización militar en torno a ideas políticas). Y un interés institucional, en concreto del Gobierno, que trata de garantizar un cuerpo de funcionarios callado y sumiso, donde las cuestiones profesionales pueden dar muchos quebraderos de cabeza en una organización tan singular. En este sentido, algo que venimos escuchando en numerosas ocasiones como: el militar ya sabe a lo que va, ya sabe dónde se mete (a ser sumiso, a estar callado y a no dar problemas), nos muestra esa intencionalidad de déficit de derechos.-

Centrándonos en la prohibición o limitación del derecho, atendiendo a la neutralidad política exigida al militar, tenemos que tener presente que a pesar de este agravio (ya que su normativa incita a la interpretación de la invasión de su ámbito privado más allá del ejercicio profesional), a pesar de esta discriminación, la neutralidad política versa sobre la no preferencia, inclinación o elección de una opción partidista sobre otra, siempre que se manifieste de forma pública. Es decir, mostrar preferencia por unas u otras ideas de los partidos políticos, pues son éstos quienes confrontan. Hasta ahí la neutralidad. Ahí acaba la prohibición.-

El militar tiene que velar por sus intereses profesionales, por los de su familia, pues le preocupa el bienestar, la educación de los suyos, la sanidad, el estatus de convivencia social, el de la responsabilidad para con sus hijos, siendo en muchos casos, un deber el reivindicar, proponer, exigir y luchar por su futuro. El ciudadano militar debe poder participar en esa actividad.-

La Constitución sólo limita la pertenencia a partidos políticos a los jueces, magistrados y fiscales. No prohíbe a los ciudadanos que ejercen la profesión militar ese tipo de participación política, sólo establece el mantenimiento de la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones –como funcionarios-. Pero la ley que regula los derechos de los militares no sólo ha limitado la neutralidad política en el ejercicio de sus funciones, sino que prohíbe además la pertenencia a partidos políticos. Sin embargo la libertad de expresión sobre política respetando la neutralidad, es decir no optando por las distintas opciones de los partidos, la participación sin pertenencia a partidos y las aportaciones por cuantos medios estén a nuestra disposición, son un derecho que libremente podemos y debemos ejercer en la defensa legítima de nuestros intereses profesionales, familiares y sociales, como ciudadanos que somos.

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