El Faro de Ceuta El Ministro Alonso ya escuchó abucheos de los propios militares en su visita al Líbano (estaban desesperados por no recibir la paquetería de sus familiares). ¿Tiene que esperar el ministerio a que estos actos se generalicen dando lugar a una situación más compleja y a un malestar aún más generalizado?
Despiden los militares el año 2006 con la mayor incertidumbre en torno a su profesión que en muchos años hayan tenido. No ha resultado un balance positivo para el militar las actuaciones que desde el ministerio se han ejercido en múltiples aspectos de su vida profesional.
Tanto el desarrollo de normativas como la propia actuación de nuestras tropas en operaciones internacionales están salpicados de despropósitos que, aunque no han dañado a las propias misiones en sí, en general cumplidas con éxito, sí que lo han hecho en el ámbito profesional del militar y en sus derechos.
Los militares llevan meses con gran incertidumbre por saber cómo se repartirán los doscientos millones de euros que el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente en aplicación del Reglamento de retribuciones del año 2005. En dicho Reglamento se establecía que se regularían y se definirían los puestos de trabajo de los militares para poder adecuar el componente singular del complemento específico, el cual cuenta con la partida presupuestaria anteriormente nombrada, a cada uno de dichos puestos. Hasta la fecha poco se sabe de esta adecuación retributiva ni de sus implicaciones en cuanto a la definición del puesto de trabajo. La única información que está disponible son informes no oficiales que aportan oscuridad y manipulación del espíritu de la norma, generando un gran descontento entre los militares. Será durante este mes de enero cuando por fin se conozca la realidad.
Por fin, y de forma torticera, tras muchos meses de espera, se aprobó el Plan Concilia para las Fuerzas Armadas bajo el nombre de Normas sobre jornada y horarios de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los Militares Profesionales de las Fuerzas Armadas. Esta orden ministerial aplica el Plan Concilia de la Administración, pero en el ámbito militar lo hace en sentido restrictivo, generando un profundo malestar; ya que lo previsible era que se adoptaran medidas especiales de apoyo dada la problemática que se genera en las familias de los miembros de las Fuerzas Armadas debido a la disponibilidad permanente del militar para el servicio, a los continuos cambios de domicilio y a la gran cantidad de misiones que se están llevando a cabo fuera de nuestras fronteras. Cabe añadir que, a día de hoy, aún en muchos acuartelamientos no se está aplicando dicha normativa.
Estamos en pleno desarrollo de la Ley de la Carrera Militar y los militares se remueven inquietos dentro de sus uniformes ante el gran atropello en el que se convertiría la aprobación de la ley tal como está el actual proyecto presentado por el gobierno. La unificación de escalas, el olvido de la situación de los militares de complemento, el ostracismo al que se le quiere someter al suboficial, el mantenimiento de una moral militar ya caduca, la edad de pase a la reserva, la situación de los componentes de las escalas a extinguir son, entre otras, las “perlas” que nos muestra dicho proyecto, que no están haciendo más que envenenar el espíritu del militar.
Unos meses atrás comenzó la reorganización de las Fuerzas Armadas a través de un plan de adaptaciones orgánicas. Con la disolución de unidades, el traslado de otras y reorganización de plantillas, serán miles de militares y sus familias los que se verán afectados por traslados forzosos por toda la geografía nacional. Poco se está hablando de ello pero la realidad supone que miles de familias van a sufrir las consecuencias de dicho plan sin que el mismo establezca medidas especiales para amortiguar los efectos negativos que ello conlleva.
El funcionamiento de la Ley de Tropa y Marinería no cumple las expectativas que los propios componentes de las Fuerzas Armadas esperaban. Así, las unidades no ven colmados sus deseos de incorporación de efectivos, de ahí que se rebajen las plantillas totales en el actual proyecto de ley de la carrera militar y, por otro lado, los propios militares profesionales de tropa y marinería se sientan defraudados y engañados al no encontrarse con lo que una publicidad engañosa les ofrecía.
El aumento de misiones internacionales, en las que España cada vez se implica más, está poniendo de manifiesto las carencias logísticas en cuanto a la atención a los medios de vida de nuestros profesionales en dichas misiones. Son numerosas las quejas en cuanto a la falta de previsión y a la escasez de medios que suele haber en las mismas. Se nos hanmostrado, a través de prensa y televisión, grandes medios para grandes video-conferencias y apoyos telemáticos a intervenciones quirúrgicas a distancia, siendo la realidad que las quejas van en aumento en cuanto a atención médica en zona por falta de recursos. Las denuncias por mala alimentación y por la falta de adecuación de lugares dignos para el descanso son ya generalizadas.
La forma jurídica que pueden adoptar ciertas misiones, no tanto de defensa sino de seguridad, según establece la Ley de la Defensa Nacional, confiere un carácter de agente de la autoridad al militar que, según el actual proyecto de ley de la carrera militar, quedará formalmente establecido. No olvidemos que ya es habitual que las Fuerzas Armadas se vean implicadas en misiones de seguridad sin que sean agentes de la autoridad y sin que estén preparados para ello. Un claro ejemplo lo hemos tenido en las actuaciones en las vallas de Ceuta y Melilla y en la operación “Romeo Mike”.
Las normas de enfrentamiento y el reconocimiento de nuestros militares cuando han sido objeto de ataques terroristas o cuando han actuado en operaciones de combate siguen siendo una nefasta carencia. La regularización de las primeras y la asignación de recompensas que reconozcan dichas actuaciones y la propia definición de las mismas como “actos de guerra” son ya una necesidad moral, pues los propios militares sienten que se les hurta uno de los principales valores con que cuentan a la hora de llevar a cabo su acendrado espíritu de entrega.
La reforma de la Justicia Militar sigue siendo una asignatura pendiente. Atendiendo a la dignidad del militar urge ya un cambio radical en las penas restrictivas de libertad impuestas en procesos por meras faltas administrativas. El trato indigno al que se ve sometido el militar por la carencia de garantías efectivas en los procedimientos disciplinarios ha originado que todo el mapa militar español se encuentre salpicado de múltiples procesos de denuncias y querellas contra el mando por acciones injustas en dichos procesos. Actualmente esta legislación se encuentra en conflicto grave con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales al cual España está suscrita desde el año 1979.
Ante este panorama desolador y evitando darle un conducto apropiado de participación al militar, el ministerio se permite la arrogancia de no cumplir el mandato parlamentario de presentar la Ley de Derechos y Libertades del Militar y no dar respuesta así a todas sus inquietudes, problemáticas y propuestas, no quedándole otro cauce al militar que la ya emergente y fructífera vía del asociacionismo.
Comenzamos el 2007 con la amenaza a muchas unidades de la Fuerza Terrestre de cambio de horario de jornada continuada a jornada partida y con un posible aumento de las misiones fuera del territorio nacional. Teniendo en cuenta lo que se arrastra del 2006 no resulta prometedor el panorama que se divisa para este 2007.
El Ministro Alonso ya escuchó abucheos de los propios militares en su visita al Líbano (estaban desesperados por no recibir la paquetería de sus familiares). ¿Tiene que esperar el ministerio a que estos actos se generalicen dando lugar a una situación más compleja y a un malestar aún másgeneralizado? ¿O es hora ya de que se dé el paso lógico y necesario de la toma en consideración del reconocimiento de los derechos que aún se les niegan a los militares? El gobierno lo tiene en sus manos; el militar puede esperar más, más… .