Diario de Leon,Mariano Casado.-Cada vez que se priva de libertad a un ciudadano de uniforme mediante el uso de la potestad disciplinaria se produce una situación que no debe quedar sin reflexión.El arresto en la Base Aérea de La Virgen del Camino de José Salazar, delegado en Murcia de la Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME, por ejercer de forma legítima y legal su cargo de representante asociativo, merece esa reflexión.
Se le ha privado de libertad sin garantías, por una autoridad administrativa, sin que se haya agotado la vía de recurso administrativa y sin que la ausencia de libertad pueda ser objeto de revisión jurisdiccional inmediata y directa.
No existe otro ámbito de ciudadanía en el que se pueda proceder de esta manera, ajena a control e intervención judicial. Y es en este momento cuando se está afrontando una nueva regulación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armada cuando, a la vista de casos como el de José Salazar, debemos plantarnos erradicar el arresto como sanción disciplinaria por antonomasia. Quizás en otros momentos, cuando las Fuerzas Armadas no eran plenamente profesionales, pudo tener cierta justificación. Pero ahora, con militares profesionales no parece ni necesario ni ajustado a unos mínimos parámetros de dignidad mantener el arresto. Hay otras alternativas sancionadoras, que se ajustan a esta situación de vinculación profesional de miles de españoles que sirven al Estado en los Ejércitos. Que se ajustan al conjunto de normas que regulan el estatuto del militar, incluso a las que esbozan una definición no unívoca del concepto de disciplina militar.
Partimos de que la condición de militar no es algo que vaya más allá de una vinculación profesional con unas determinadas características legalmente definidas. Sabemos que la disciplina militar en un valor instrumental, que sólo ha de operar en el ejercicio de las funciones profesionales y no invadir ámbitos de ciudadanía que nada, absolutamente nada, tienen que ver con el cumplimiento de las misiones que la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas. Además, la disciplina militar tiene límites. El primero, la dignidad de la persona. El segundo, la estricta observancia de la legalidad, entendida ésta como el conjunto del ordenamiento jurídico; no han de cumplirse las órdenes ilegales, por ejemplo. Y la tercera es la racionalidad que debe impregnar a toda la aplicación de la disciplina. Adhesión racional es lo que se le pide al militar y lo que garantiza a todos que quienes tienen en monopolio de la fuerza, lo hagan con absoluto sometimiento al ordenamiento jurídico, al poder político y al servicio de la soberanía popular.
Por todo ello, cuando analizamos qué sanciones deben constituir el elenco de las que se contemplen en la futura ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, el arresto no tiene encaje alguno para situaciones que no sean o tengan notas de excepcionalidad. De otra forma, la dignidad de la persona quedaría severamente perjudicada y con ella el respeto de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los ciudadanos de uniforme. Se afectaría el ordenamiento jurídico porque se impondrían sanciones que traspasan la vinculación profesional de los militares con capacidad para incidir muy negativamente en espacios que por ser personales o familiares, no pueden verse afectados por una medida sancionadora desproporcionada.
Por último, la adhesión racional que exige la disciplina militar ópera en la misma dirección. Es un límite para la imposición de sanciones de privación de libertad cuando lo que se pretende sancionar es el ejercicio de la libertad de expresión utilizada por un representante de una asociación profesional. Nada más irracional que castigar con una medida profesional a quien ejerce un derecho fuera del ejercicio de sus funciones.
Todavía se está a tiempo de dotar a nuestras Fuerzas Armadas de un nuevo régimen disciplinario moderno que, respetando los derechos humanos de los militares, se configure como un derecho disciplinario profesional, que sirva de instrumento para la mejor operatividad de las unidades, alejado de toda concepción del militar como persona que ha de renunciar a su libertad por el mero hecho de serlo.
Mariano Casado
Secretario General de la Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME.
