Tomás Gil Márquez/Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, TRIBUNA Fsap,Enero 2008.
El arresto de Jorge Bravo, militar de profesión, por defender el asociacionismo militar y la concentración posterior en Madrid a las puertas del Ministerio de Defensa de un centenar de militares en apoyo y solidaridad del militar arrestado, me hacen reflexionar sobre la necesidad de avanzar en lo que todavía es hoy una asignatura pendiente en nuestra España democrática: la posibilidad de conjugar las funciones profesionales que nuestra Constitución atribuye a nuestras Fuerzas Armadas y, por otro, la necesidad de hacer compatible esa importantísima misión de la defensa del ordenamiento constitucional, con la de buscar cauces de representación que puedan crear el escenario de diálogo y resolución de los conflictos profesionales que afectan a los profesionales que las integran
Las Fuerzas Armadas, como colectivo profesional que son, necesitan disponer de instrumentos adecuados para poder atender, desde la normalidad democrática, dichas controversias en un marco que esté en consonancia a sus especificidades y estatuto profesional.
La concentración de militares profesionales en Madrid constituye un hecho importante, no ya por ser la primera vez que en la actual etapa democrática se produce un hecho de tal naturaleza, sino porque no será la última, habrá más y más numerosas, estoy convencido, es imparable ese movimiento de reivindicación. Creo que, además de que no tiene marcha atrás, es justo, legítimo y necesario. Constituye una clara señal de que algunos ya no aguantan más la falta de instrumentos indispensables para encauzar los conflictos y las reivindicaciones, me refiero a la libertad sindical y la negociación colectiva.
Hay que estar muy alto para, sabiendo las consecuencias a las que uno se puede afrontar, asistir a una concentración en las puertas del Ministerio de Defensa en una mañana fría de Madrid; desde la prudencia y la responsabilidad, pero sin miedo, pues no se puede tener miedo cuando lo que se pretende es defender derechos constitucionalmente reconocidos en nuestra Constitución
