Badajoz, 12 may (EFE).- El presidente y el secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo y Mariano Casado, respectivamente, han alertado hoy que la base militar «General Menacho» de Bótoa (Badajoz) no ha sufrido «grandes refuerzos» tras el robo de armas perpetrado el pasado febrero en sus instalaciones.
En rueda de prensa, han considerado que agentes externos, «como la política», han propiciado «una situación de indignidad» al personal que trabajaba esa noche, que fue objeto de sanciones disciplinarias.
Bravo, que ha mostrado su solidaridad a las víctimas del terremoto de la localidad murciana de Lorca, ha apuntado que en el robo perpetrado en la base militar pudo existir «negligencias o problemas en el tema de la seguridad».
No obstante, ha matizado que «desde agentes externos, como puede ser la política» han propiciado «una situación de indignidad a unos compañeros que ni mucho menos se lo merecen», en referencia al personal que trabajó esa noche.
Se trata de cuatro militares que han sido arrestados y de los que solo un soldado ha recurrido su sanción, y el personal de la guardia de seguridad, unas ocho personas, actualmente apartados de sus funciones ordinarias, según ha recordado.
Asimismo, se ha remitido al Real Decreto 194 de 2010 de 26 de febrero por el que se aprueban las normas sobre seguridad de las Fuerzas Armadas y que recoge, según ha señalado, que deberá haber desarrollos posteriores para adecuar la legislación a los ejércitos y acuartelamientos.
Ha subrayado, en concreto, un artículo por el que los altos mandos del Estado Mayor de Defensa deben establecer los criterios para elaborar planes de seguridad o la disposición final por la que el ministro de Defensa debe dictar disposiciones para el desarrollo de la normativa.
Ante ello, se ha preguntado si los planes de seguridad de la Base de Bótoa el día que ocurrió el robo estaban «actualizados» y si la ministra del ramo, Carmen Chacón, «había dictado las disposiciones necesarias para el desarrollo de este Real Decreto», ante lo que ha asegurado desconocer ninguna norma en este sentido.
Por su parte, Casado ha considerado, sobre las sanciones citadas, que se interpusieron el 7 de marzo «de forma precipitada y parecer ser que a tenor de determinadas instrucciones que se habían recibido de Madrid» para llevar a cabo «correcciones disciplinarias urgentísimas porque al día siguiente, el 8, comparecía la ministra en sede parlamentaria».
«Los incumplimientos de las normas que se pueden imputar directamente a la ministra, que es la que tiene esa responsabilidad, le han hecho que, para tapar esa responsabilidad, haya generado esta situación inasumible en un Estado de Derecho de privar la libertad de gente y de derechos a quienes no han sido arrestados», ha aseverado.
Acerca de la seguridad de la base, ha señalado que «se ha corregido la situación de algunas cámaras», pero «muchas de ellas precisan todavía una mejora en su funcionalidad».
Por último, han informado de que un cortijo situado en el interior de la base pacense acoge fiestas «multitudinarias» -la última se celebró el pasado sábado- organizadas por altos mandos y «sin ningún control de la seguridad» en el acceso a las instalaciones. EFE 1010912
