La Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME, a través de su asesoría jurídica, ha logrado la anulación de la sanción que fue impuesta por el Ejército de Tierra a un soldado, en relación con los hechos acaecidos el día 27 de marzo de 2.011., en la Base Militar General Menacho de Bótoa.-
La sanción de catorce días de privación de libertad fue impuesta, según determina la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, “con vulneración del artículo 24.2 de la Constitución por haberse violentado el derecho a no declarar contra sí mismo que asistía al soldado, porque como claramente se infiere de los hechos imputados al recurrente en las resoluciones sancionadoras y declarados probados por la sentencia del Tribunal de instancia, no son otros que las propias contestaciones a las preguntas que le fueron formuladas en el seno de la información realizada por el General SAN JUAN MARTÍNEZ, sin ratificación en el proceso sancionador”.-
Es preciso recordar que la sanción que ahora se anula se impuso de forma inmediatamente anterior, y de manera urgentísima, a que se produjese la comparecencia en sede parlamentaria de la entonces Ministra de Defensa, CARMEN CHACÓN, quien se pronunció a favor de la imposición de la sanción disciplinaria. Entonces AUME señaló que la imposición de la sanción, sin garantías y de manera precipitada, tenía como única razón servir de cobertura a la comparecencia ministerial. Ahora, la anulación de la sanción por el Tribunal Supremo, nos da la razón.-
AUME fue la única asociación profesional de miembros de las Fuerzas Armadas que salió en defensa de los militares arrestados y la única que dio cobertura jurídica a quién se la solicitó. La imposición de esta sanción y su anulación suponen además un reforzamiento de la postura de AUME sobre la perentoria necesidad de suprimir el arresto como sanción ordinaria y dejarlo como sanción extraordinaria para supuestos específicos como son la declaración del estado de alarma, excepción o sitio y cuando los hechos suceden en zona de operaciones.-
AUME reafirma una vez más su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas Armadas.-
Madrid, 8 de octubre de 2.013.-
