EFE | 17/04/2010 –La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha pedido que la Ley de Derechos y Deberes, que elabora Defensa, obligue al Gobierno a desarrollar un nuevo régimen disciplinario y Código Penal militar, así como una nueva regulación procesal de la jurisdicción militar, que dependa del CGPJ.
Estos son algunos de los "puntos de partida" de AUME para el debate sobre la futura ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que el departamento de Carme Chacón está negociando con las fuerzas políticas, asociaciones y diferentes expertos del mundo militar y judicial.
Entre otras cuestiones, Defensa plantea en sus borradores una ley que reconoce por primera vez a las asociaciones profesionales de militares como interlocutoras del ministerio y establece un único Consejo de Personal o Asesor, en sustitución de los cuatro existentes, así como la creación del Observatorio de la Vida Militar.
AUME reclama que los militares deben ser tratados "como ciudadanos de primera que disfruten de todos y cada uno de los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Constitución".
Como la Guardia Civil
Esta asociación pide que la regulación futura deber ser equiparable a la ley reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil (Ley 11/2007, de 22 de octubre), que reconoce el derecho de asociación, pero mantiene la prohibición de que los guardias civiles lleven a cabo acciones de naturaleza sindical o política.
La ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil eliminó el arresto como sanción disciplinaria y actualizó el catálogo de infracciones y sanciones, incorporando las relacionadas con la discriminación, lengua o sexo.
Peticiones
Entre sus exigencias, AUME señala que las asociaciones profesionales deben poder concurrir a las elecciones que se convoquen al Consejo de las Fuerzas Armadaspresentando candidaturas compuestas por personal activo.
Pide la creación de un Consejo de las Fuerzas Armadas, con representación de las asociaciones profesionales y que sus miembros tengan un estatus propio para el ejercicio de sus funciones y en el ámbito disciplinario.
En el ámbito de la justicia, esta asociación considera que la ley debe establecer el mandato legislativo al Gobierno para que elabore un proyecto de ley de nuevo régimen disciplinario y un nuevo código penal militar.
También exige una nueva regulación procesal de la jurisdicción militar para favorecer su modernización y dependencia exclusiva del Consejo General del Poder Judicial.
