Los militares no pueden ser la respuesta permanente a una crisis extraordinaria sin descanso, medios, protección jurídica y un reconocimiento efectivo de su servicio.
Madrid. 2 de septiembre de 2026.
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), ante la comparecencia prevista mañana, 3 de septiembre, del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación de Ceuta y la gestión de la crisis desencadenada desde finales del pasado mes de julio, considera imprescindible que la máxima responsabilidad política del Ejecutivo responda también a una cuestión que afecta directamente a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas desplegados en la ciudad autónoma.
Durante las últimas semanas se han sucedido informaciones sobre la extraordinaria presión operativa soportada por las unidades militares, la suspensión de permisos y vacaciones, la prolongación de jornadas y servicios, las dificultades para garantizar períodos efectivos de descanso y recuperación y, especialmente, las agresiones sufridas por militares mientras cumplían las misiones que les han sido encomendadas.
Los recientes ataques contra patrullas militares, con miembros de las Fuerzas Armadas heridos, han puesto además de manifiesto una cuestión que AUME viene planteando desde el inicio de esta crisis: ningún militar debe ser enviado a una situación de riesgo sin una misión perfectamente definida, medios adecuados, instrucciones claras, protección suficiente y un marco jurídico que le permita actuar y defenderse con seguridad.
La disponibilidad y el compromiso de los militares españoles no pueden convertirse en una disponibilidad ilimitada. La condición militar exige sacrificio y disciplina, pero el Estado tiene también obligaciones ineludibles con quienes sirven en sus Fuerzas Armadas: garantizar condiciones de trabajo dignas, proteger su integridad física y moral, respetar sus derechos profesionales y proporcionarles la cobertura jurídica y material necesaria para cumplir las misiones que les encomienda.
Por ello, AUME plantea al presidente del Gobierno las siguientes diez preguntas:
1. ¿Hasta cuándo considera el Gobierno razonable mantener a las unidades militares de Ceuta en un régimen de activación y disponibilidad extraordinaria sin garantizar de forma efectiva los descansos necesarios?
¿Puede el presidente concretar qué medidas adoptará el Gobierno para impedir que una situación inicialmente excepcional termine convirtiéndose, durante semanas o meses, en una jornada permanente de disponibilidad, con grave impacto sobre la salud, la seguridad y la vida familiar de los militares?
2. ¿Qué límite temporal y qué sistema de relevos tiene previsto el Gobierno para garantizar que los militares que llevan semanas soportando una extraordinaria carga de servicios puedan recuperar descansos, permisos y vacaciones?
La suspensión generalizada de permisos puede responder temporalmente a una necesidad operativa, pero no puede convertirse en un mecanismo indefinido de gestión de personal. ¿Qué calendario de normalización y qué refuerzos prevé el Ejecutivo para hacer compatible la seguridad de Ceuta con el derecho de los militares al descanso y a la recuperación?
3. ¿Considera el Gobierno que las actuales condiciones de alojamiento, manutención y descanso del personal sometido a esta sobrecarga de servicios responden al trato digno que debe recibir quien permanece permanentemente disponible para servir al Estado?
AUME pregunta expresamente si el Gobierno ha realizado una evaluación de las condiciones reales de alojamiento y descanso del personal militar afectado y qué medidas concretas adoptará para garantizar unas condiciones adecuadas durante una crisis que se ha prolongado mucho más allá de una intervención puntual.
4. ¿Reconocerá el Gobierno, mediante complementos retributivos, indemnizaciones o compensaciones específicas, el extraordinario esfuerzo, disponibilidad y carga de trabajo asumidos por los militares desplegados y activados en Ceuta?
No resulta aceptable que una disponibilidad excepcional, la acumulación de jornadas, la cancelación de permisos y la asunción continuada de servicios extraordinarios se traduzcan únicamente en un mayor sacrificio personal sin una compensación económica adecuada. ¿Qué medidas retributivas concretas prevé adoptar el Gobierno?
5. ¿Qué medidas adoptará para proteger la conciliación familiar y personal de los militares afectados por la prolongación de esta crisis?
Detrás de cada militar sometido a semanas de activación permanente existe una familia. ¿Cómo piensa el Gobierno compensar y reparar el impacto producido por la cancelación de permisos, la imposibilidad de desplazarse fuera de Ceuta y la alteración prolongada de compromisos familiares y personales?
6. Después de las agresiones sufridas por patrullas militares, ¿puede garantizar el presidente que todas las unidades disponen de una misión claramente definida, instrucciones precisas y reglas de actuación suficientemente claras para responder ante situaciones de violencia?
Los militares no pueden encontrarse ante una agresión teniendo que improvisar cuál es el alcance de sus facultades. ¿Ha establecido el Gobierno un marco operativo y jurídico claro, conocido por todas las unidades, que determine con precisión cómo actuar ante ataques contra los propios militares o contra las personas cuya seguridad deban proteger?
7. ¿Dispone actualmente todo el personal militar desplegado en Ceuta de los medios de protección individual y colectiva adecuados a los riesgos reales que está afrontando?
Tras las agresiones conocidas públicamente, AUME pregunta si el Gobierno ha revisado los equipos de protección, comunicaciones, movilidad, apoyo sanitario y demás medios necesarios para garantizar que ningún militar tenga que cumplir una misión de riesgo con recursos insuficientes o inadecuados.
8. ¿Qué garantía de protección jurídica ofrece el Gobierno a los militares que, cumpliendo órdenes y actuando dentro de las instrucciones recibidas, tengan que intervenir ante una agresión o una situación de violencia?
La seguridad jurídica no puede ser una cuestión secundaria. AUME pregunta al presidente si el Gobierno garantizará expresamente asistencia y defensa jurídica efectiva a los militares que, en cumplimiento de una misión legalmente encomendada, deban adoptar decisiones operativas para proteger su propia integridad, la de sus compañeros o la de terceros.
9. ¿Impulsará el Gobierno una solución normativa que reconozca de manera efectiva la condición y protección de los militares que ejercen funciones de servicio público frente a agresiones y atentados?
Los acontecimientos de Ceuta han vuelto a evidenciar una realidad que AUME viene denunciando: quien agrede a un militar que está cumpliendo una misión al servicio del Estado debe conocer con absoluta claridad las consecuencias jurídicas de su conducta. ¿Promoverá el Gobierno el reconocimiento efectivo de la condición de agente de la autoridad cuando los miembros de las Fuerzas Armadas desarrollen las funciones legalmente previstas que justifiquen dicha protección?
10. ¿Está dispuesto el presidente a abordar definitivamente, con las asociaciones profesionales militares y en el ámbito parlamentario, una regulación específica sobre el estatuto operativo y la consideración funcional de los militares desplegados en misiones de seguridad?
La experiencia de Ceuta exige una reflexión institucional de mayor alcance. ¿Considera el Gobierno necesario clarificar legalmente cuándo y en qué condiciones los militares que desarrollan funciones de seguridad, vigilancia, protección o apoyo a las autoridades deben contar con un estatuto funcional reforzado, incluyendo la adecuada consideración de las funciones de policía militar y la protección inherente al ejercicio de la autoridad?
Una responsabilidad del Gobierno con sus Fuerzas Armadas
AUME considera que la crisis de Ceuta no puede analizarse exclusivamente desde la perspectiva migratoria, territorial o de seguridad. Existe también una dimensión que afecta directamente a la política de Defensa y a la responsabilidad del Gobierno respecto de sus propios servidores públicos.
Las Fuerzas Armadas han vuelto a demostrar su disponibilidad para responder cuando España las necesita. Pero precisamente por ello, el Gobierno debe asumir que la disponibilidad militar no equivale a disponibilidad ilimitada; la disciplina no supone renuncia a la dignidad; y el cumplimiento del deber no puede implicar desprotección personal, profesional o jurídica.
AUME reclama que la respuesta institucional a esta crisis incorpore medidas concretas y verificables sobre jornadas y descansos, relevos de personal, alojamiento, compensación económica, conciliación, medios de protección, instrucciones operativas, seguridad jurídica y protección frente a las agresiones.
El presidente del Gobierno tiene mañana la oportunidad de explicar ante el Congreso no solo cómo piensa gestionar la situación de Ceuta, sino también cómo piensa cuidar, proteger y reconocer a los militares a quienes el Estado ha pedido que estén en primera línea.
Porque quienes sirven a España tienen deberes extraordinarios.
Y España, a través de sus instituciones, tiene también obligaciones extraordinarias con quienes la sirven.
