AUME PRESENTA QUEJA AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR SITUACIÓN COVID-19

AL DEFENSOR DEL PUEBLO

DON IGNACIO UNIBASO PÉREZ, con Documento Nacional de Identidad, número XX , con domicilio, a los efectos de oír notificaciones en la Calle Francisco Silvela, número 36, local 6, 28028 de Madrid, Secretario General de la Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME, asociación profesional de miembros de las Fuerzas Armadas, inscrita en el Registro de Asociaciones Profesionales de las Fuerzas Armadas, con el número 2, ante el Defensor del Pueblo, comparece y como mejor proceda en Derecho, D I C E:

Que por medio del presente escrito instamos la intervención del Defensor del Pueblo, en relación con las condiciones de trabajo en las que están desempeñando sus funciones los miembros de las Fuerzas Armadas desde la declaración del estado de alarma y en relación con la crisis sanitaria derivada del contagio masivo del COVID 19. Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen encomendadas muy diversas misiones que suponen una posibilidad real y efectiva de ser contagiados y de ser vectores de trasmisión de la enfermedad a compañeros, ciudadanos y familiares.

A pesar de ello, de las obligaciones legales que establecen el derecho a la protección de la salud y de riesgos laborales, son muchos los militares que no cuentan con todos los medios de protección que han establecido, como eficientes, las autoridades sanitarias, de tal manera que han de llevar cabo su servicio con riesgo real para su salud. Esto supone la quiebra del derecho fundamental a la vida, a la integridad física y moral y a la protección a la salud, recogidos en los artículos 15 y 43 de la Constitución Española.

Remitimos informe en el que se hacen costar diversos ejemplos reales que ponen de manifiesto la realidad a la que estamos haciendo referencia, como Documento, número UNO. Por ello, instamos al Defensor del Pueblo a que inste, a su vez, al Ministerio de Defensa y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa para que, de manera inmediata, provea de materiales individuales de protección y test a todos los miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en la Operación Balmis y a todos los demás que desarrollan sus servicios en unidades no activadas en esa operación pero que, de la misma manera, tienen el derecho  a la protección de la salud y son la reserva operativa que habrá de relevar a los militares ya intervinientes o que han resultado contagiados o estén en situación de aislamiento o cuarentena.

Con especial atención debe procederse en relación con la exigencia de trato digno y sujeto estrictamente al ordenamiento jurídico en los casos de militares aislados o en cuarentena en alojamientos logísticos, en lo que, en muchos casos, están solos sin acompañamiento o en habitaciones compartidas y con graves carencias sanitarias y de manutención. Los cuarteles y los alojamientos no pueden quedar al margen del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales.

Acudimos a esta vía, además de por ser un derecho de todo ciudadano, ante la clamorosa ausencia de cauces de interlocución con el Ministerio de Defensa, lo que está suponiendo que las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas no estemos recibiendo información alguna, ni encontremos respuesta a las diversas peticiones que se han efectuado al Ministerio de Defensa a través del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, órgano colegiado en el que se debería haber constituido una comisión de seguimiento ad hoc. Esto también debería ser requerido al Ministerio de Defensa.

Añádase a esto la situación de retraso inexplicable en el nombramiento de los miembros del Observatorio de la vida militar, adscrito a las Cortes Generales, órgano que podía haber vigilado el cumplimiento de estos derechos y que, al estar sin miembros no puede desarrollar sus importantes funciones establecidas en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Esto también debería ser objeto de intervención por el Defensor del Pueblo, en el sentido de instar a las presidentas de Congreso de los Diputados y del Senado para que tan pronto como sea posible, aborden el nombramiento de sus miembros del Observatorio de la vida militar, para que pueda desarrollar plenamente las importantes funciones que tienen encomendadas.

En su virtud,

SUPLICO AL DEFENSOR DEL PUEBLO.: Tenga por presentado este escrito y por formuladas las manifestaciones y peticiones que en el mismo se contienen y proceda a instar y a llevar a cabo las actuaciones que se interesan en el cuerpo de este escrito. Por ser todo ello de hacer así, en Justicia a la cual aspiramos, en Madrid, a siete de abril de dos mil veinte.

EXCMO. SR. DEFENSOR DEL PUEBLO.

MADRID.