Diario de Cadiz, 2 de diciembre de 2005,JUAN JOSÉ MARQUÉS
Cádiz. El reciente apuñalamiento de un recluta de 18 años en el cuartel de Camposoto, en San Fernando, a manos de un compañero de filas es un «hecho puntual», pero que tiene un origen «normal», porque los brotes de violencia, drogas y delincuencia en los cuarteles españoles están «a la orden del día» debido al deficiente o nulo proceso de selección psicológica y moral de los aspirantes a ingresar en el Ejército. En Ceuta y Melilla, además, se están registrando serios problemas de convivencia entre reclutas cristianos y musulmanes.
Con estas inquietantes denuncia que surgieron a preguntas expresas de los periodistas se estrenó ayer en Cádiz la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume), un colectivo legalmente constituido que ya es un interlocutor de estos funcionarios ante los poderes públicos en materia profesional, social y retributiva, que cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Defensa. La presentación fue en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC).
En la actualidad, Aume aglutina a 210 militares de los tres Ejércitos y de todas las escalas en la provincia de Cádiz y a casi 900 en todo el país. La mayoría de sus miembros con destino en Cádiz pertenecen a la Armada. Se trata de la primera asociación de militares en activo que funciona en España desde la extinta y represaliada Unión Militar Democrática (UMD) y que ha encontrado legitimidad en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2001 que rebatió la prohibición de asociación militar salvo con fines culturales, religiosos o deportivos, todavía recogida en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.
El colectivo se presentó en público de la mano de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Juan Antonio Delgado, delegado nacional de Relaciones Institucionales y provincial del colectivo de guardias manifestó toda su solidaridad y apoyo al de militares, que estuvo representado por su presidente, Jorge Bravo, y su secretario general, Mariano Casado.
Ambos calificaron la situación del colectivo de «abandono» por parte de los responsables políticos, sobre todo en materia disciplinaria y de derechos fundamentales, pero también en el ámbito económico y de las condiciones de vida de las familias.
«El nuevo Gobierno se ha planteado cambios que afectan a la organización de los Ejércitos, pero en el terreno de los derechos seguimos siendo ciudadanos de segunda», dijo Bravo, quien lamentó no haber llegado a tiempo de contribuir al texto de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, pero sí a las de Tropa y Marinería, a la Ley Orgánica de Derechos y Deberes a la Ley de los Suboficiales. Casado, por su parte, planteó la necesidad de democratizar el Consejo Asesor de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros actualmente se designan por sorteo, la urgencia de establecer una carrera profesional en Tropa y Marinería para que el Ejército no se convierta en una salida laboral fácil que sirva pronto como trampolín a la Guardia Civil o a la Policía, con la consiguiente pérdida de efectivos y operatividad.
Entre otras reivindicaciones, AUME pide la modificación del artículo 44 del Código Penal Militar, la equiparación salarial con el resto de los funcionarios, la reforma profunda del régimen disciplinario y planes concretos de conciliación de la vida laboral con la familiar.
