Pasamos el ecuador de esta legislatura y vamos comprobando como la principal promesa electoral del PSOE, referente a la dignificación de la profesión militar, continúa sin cumplirse. Los derechos que la Constitución reconoce a todos y cada uno de los españoles aún no llegan de forma plena a los militares, que siguen soportando las vicisitudes de una legislación caduca y poco respetuosa con la dignidad de las personas.
El Título I de la Constitución Española; “De los derechos y deberes fundamentales”, en su Artículo 10 dice:
“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.
“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.
Y en su Artículo 14, Derechos y Libertades, dice:
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de la persona a reunirse y asociarse pacíficamente. También reconoce que todos somos iguales ante la ley, teniendo derecho a igual protección de ésta contra toda discriminación que infrinja la propia Declaración y contra toda apología de tal discriminación.
Por todo ello y desde su creación, la Asociación Unificada de Militares Españoles viene luchando por promover y favorecer, dentro de los oportunos y más amplios cauces legales, unas adecuadas y mejores condiciones de vida profesional y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas. Todo ello en los aspectos relacionados con el ejercicio de su profesión y por la consecución de unos derechos constitucionales plenos como cualquier otro ciudadano español, con las limitaciones estrictamente indispensables por su condición de miembros de las Fuerzas Armadas. Los militares, en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos, deben estar legitimados para entablar cualquier tipo de actuación ante la Administración y ante los Tribunales.
La plena democratización de la sociedad española no ha concluido aún, ya que todavía se mantiene una institución, con un colectivo de ciudadanos tan numeroso como son las Fuerzas Armadas, sin un reconocimiento pleno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Así, el propio Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llevó en su programa electoral para las últimas elecciones legislativas las promesas descritas en las siguientes aseveraciones: “Por ello es necesario para el futuro, en un marco de profundos cambios, un gobierno con capacidad de liderazgo y de gestión eficaz para realizar la necesaria transformación de nuestras Fuerzas Armadas y el desarrollo de un modelo realista de profesionalización basado en la calidad”. “ Y esto debe realizarse de forma transparente, con suficiente información, participación…”. “Se aprobará un Plan de Calidad de Vida y un Servicio de Apoyo al Personal de Defensa, así como una Ley de derechos y libertades del personal militar y los mecanismos efectivos para garantizar su ejercicio”.
De todo lo anterior, sólo están en vigor la Ley de Tropa y Marinería y la Ley de la Defensa Nacional, ambas desarrolladas y aprobadas sin la participación de los propios implicados, los militares. Vemos como “calidad de vida”, “apoyo al personal”, “derechos y libertades”, son conceptos que implican una mejora y dignificación de la vida del militar profesional; pero se están dejando de lado en todos los desarrollos normativos que promueven la reorganización de las Fuerzas Armadas.
Es una incógnita si en esta legislatura podremos ver la Ley de derechos y libertades que podría ya haber propiciado que los conceptos anteriormente nombrados formalizaran los contenidos de una actuación democrática con plenos derechos constitucionales. Los derechos y las libertades no se pueden imponer como una orden a cumplir, sino que han de tener su propio lugar de reconocimiento pleno en la persona que los ha de disfrutar, el militar.
Se ha comentado que en estos días verá la luz el proyecto de ley de la carrera militar y hasta el momento ni siquiera tenemos conocimiento de borrador alguno, pero lo que resulta indignante es que de la Ley de derechos y libertades ni siquiera se hable. Ya se ha incumplido el mandato parlamentario que dio un plazo de tres meses, desde la publicación de la Ley Orgánica de la Defensa, al Gobierno, para presentar el proyecto de dicha ley durante la presente legislatura. Así, el PSOE atropella por partida doble los derechos de los militares, desde sus promesas electorales y desde el propio Gobierno al incumplir dicho mandato. Como consecuencia de ello, el militar seguirá sin plenos derechos y sin plenas libertades, continuando su vida en un ámbito virtualmente injusto.
Por ello, cada vez es más necesaria la participación del militar en los escasos cauces que la legislación actual le permite para la consecución de unas mejoras profesionales, sociales y retributivas. No puede seguir siendo un convidado de piedra en las deliberaciones que afectan tan profundamente a su vida profesional y familiar; tampoco puede seguir indiferente ante estos cambios, y su compromiso ha de ser activo en pro de la dignificación de la profesión militar. En ello va también el futuro de nuestras Fuerzas Armadas.
Pasamos el ecuador de esta legislatura y vamos comprobando como la principal promesa electoral del PSOE, referente a la dignificación de la profesión militar, continúa sin cumplirse. Los derechos que la Constitución reconoce a todos y cada uno de los españoles aún no llegan de forma plena a los militares, que siguen soportando las vicisitudes de una legislación caduca y poco respetuosa con la dignidad de las personas.
