Jorge Bravo Alvarez
elFarodeCeuta,25 de septiembre de 2005
Andan revueltos, estos días, los militares portugueses a causa de los recortes sociales que se les quiere aplicar en aras de una disminución del déficit de las cuentas del estado. Hemos de suponer que si los componentes del ejército están dispuestos a dar la vida por su patria, que menos que mucho antes de llegar a tan loable extremo estén dispuestos a dar su bolsillo, sus derechos o su dignidad; en este caso, por las cuentas del estado, o sea, por el mantenimiento de la patria. Fácil es para un gobierno azotar cuando el azotado tiene la boca cerrada para no poder chillar; no oirá sus quejas, no sentirá su dolor.
Tener las riendas de la dirección de un colectivo y el arma amenazante de un sistema disciplinario sancionador son parámetros que hacen de la labor de un ejecutivo un ejercicio de cinismo democrático.
Los ejércitos son instituciones débiles, en sus aspectos sociales, reivindicativos y penales, precisamente por tener sus derechos cercenados y carecer de esa capacidad refleja de protesta, característica esta última del pilar de la disciplina mal entendida, por su puesto.
No es admisible que una persona, un ciudadano, no pueda manifestar su preocupación o su problemática de forma colectiva, cuando precisamente el mismo acto de realizarlo pone de manifiesto que aquellas no estén atendidas por otras vías o medios menos preocupantes para el poder. En un colectivo tan poco proclive a la protesta, ni tan siquiera individual, algo grave tiene que ocurrir para llegar a tan grande “extremo”, que incluso pudiera reportarles sanciones disciplinarias.
Las sociedades avanzan, progresan, no solamente por consecuciones materiales o económicas, sino principalmente por sus avances sociales, por sus logros en los reconocimientos de derechos, por la protección de la dignidad de las personas.
Sin embargo vemos como algunos gobiernos permanecen impasibles ante la disparatada subida de los productos energéticos; ante la debacle de unos incendios devastadores del bien natural ayudados por una errática o inexistente política medioambiental; ante la voracidad de grandes grupos empresariales devorando otros más pequeños consiguiendo aumentar las listas de parados del estado; no temblándoles sin embargo la mano firme a la hora de castigar con recortes sociales a un colectivo inocente de la inacción de aquellos ante dichos desastres.
Es cobarde actuar contra un colectivo o dejarle a la deriva ante la falta de unos derechos, amparándose en la prohibición a mostrar su queja de forma colectiva, enarbolando la disciplina como un bien a proteger que al mismo tiempo actúa sobre aquellos manteniéndoles en el orden que la autoridad exige. Pero este razonamiento que vemos expresado continuamente desde el poder político y también dentro de los mismos ejércitos es falso. La disciplina es un fin es sí mismo y no un medio; ese orden tan ansiado y alabado desde el poder no se mantiene por la disciplina, sino por el duro régimen sancionador que existe ante el quebrantamiento de la misma. El verdadero medio que muchos gobiernos utilizan para mantener ese gran operativo callado y sumiso es la pena impuesta por el incumplimiento de la norma o simplemente porque así lo parezca, haciéndolo extensible a toda la actividad del trabajo profesional del militar.
Es cierto que es necesario un método, una doctrina, un orden, una instrucción y, el mantenimiento de todo ello, en la actividad profesional del militar al igual que en cualquiera otra actividad profesional. Hay profesiones que demandan una especial preparación, una especial concentración o una especial calidad humana, entre otras categorías, que no mantienen, ni mucho menos la exclusividad en sus ámbitos. Así médicos, ingenieros, profesores, técnicos, etc., no pueden sustraerse de sus dedicaciones, manteniendo su actividad en un orden dentro de sus disciplinas entendidas estas como instrucción necesaria por la que se rigen. El soldado va a la muerte no por una instrucción recibida, por un ordenamiento o por una doctrina impuesta, va a la muerte por un convencimiento interno, por una doctrina moral que surge de su interior, por una disciplina en este ámbito de lo moral que se impone a sí mismo. No va a la muerte por temor a un régimen disciplinario.
Ese convencimiento interior que hace llevar a una persona al extremo de darlo todo por los demás, lejos de exigir un premio, necesita de unas condiciones mínimas que no detraigan su sentimiento o quebranten su voluntad. Unos medios humanos y materiales suficientes, unas condiciones de trabajo adecuadas, un sistema de derechos y deberes justo es lo imprescindible para que el militar pueda llevar a cabo su cometido manteniéndose disciplinado en su fuero interior. Dejarle abandonado es infligir un grave ataque a su voluntad extrema.
Pero, además debemos atender a toda la problemática que conlleva la ciudadanía del militar. Las especiales circunstancias que circundan a estos ciudadanos en su vida familiar y social deben ser especialmente atendidas y no abandonadas a la hora de los recortes sociales. Así debemos entender un acto de cobardía atacar a un colectivo amparándose en la imposibilidad del mismo en defenderse por un concepto equivocado de disciplina.
Si la clase política se empeña en utilizar la disciplina como elemento de pasividad de un colectivo, debería pararse a pensar, que no está dispuesto a permitir, a un ciudadano que es capaz de llegar a morir por un sentimiento y por un ideal mantenidos por esa disciplina interior.
