El Economista,Javier Romera , 11 de octubre de 2008
La normativa, aprobada en 2005, daba un plazo de tres meses para regular derechos fundamentales. En la actualidad, el Ejército español reclama la modificación urgente del Código Penal Militar y su tutela por la jurisdicción civil. Pero el retraso legislativo ya sobrepasa tres años, a pesar de las buenas intenciones de la ministra.
Los militares están en pie de guerra contra el Gobierno por saltarse la Ley de Defensa Nacional y negarse a regular mediante una nueva norma sus derechos y deberes fundamentales.
Aunque la ministra Carme Chacón ha asegurado en sus últimas comparecencias públicas que la situación se va a solucionar, lo cierto es que el Ejecutivo acumula ya casi tres años de retraso, conforme a la legislación vigente, y los militares no se fían.
La Ley de Defensa Nacional entró en vigor, tras su publicación en el BOE, el 18 de noviembre de 2005. Y el problema está en que en su disposición final tercera establece que "el Gobierno, en el plazo de tres meses, deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales, que incluirá la creación del Observatorio de la Vida Militar".
Fuera de plazo
Pero "el plazo concluyó en enero de 2006 y desde entonces no se ha hecho nada al respecto", asegura Mariano Casado, secretario general de Aume, la Asociación Unificada de Militares Españoles. Ni los ex ministros de Defensa, José Bono y José Antonio Alonso ni la actual titular de la cartera, Carme Chacón, han dado hasta ahora ningún paso en firme.
El objetivo de Aume, defensor de los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas, es que "se cumpla la Constitución y, al igual que el resto de ciudadanos, los militares tengamos también derechos tan vitales como el de asociarnos o poder expresarnos libremente".
Todo indica, sin embargo, que el conflicto no ha hecho nada más que empezar. Y es que la nueva norma debe ir mucho más allá y llegar, según Aume, a modificar el actual marco disciplinario. "El Código Penal Militar se cambiará y estará sometido a la jurisdicción civil, bajo la tutela del Consejo General del Poder Judicial", explica Casado.
Pero, ¿está realmente el Ejecutivo dispuesto a llegar tan lejos? Los militares temen que se vayan aprobando en los próximos meses reales ordenanzas para ir regulando sus derechos, en lugar de tramitar una ley ordinaria, que tendría, sin duda, un mayor calado jurídico.
Reclamaciones
La regulación de los derechos fundamentales no es, sin embargo, la única reivindicación de las Fuerzas Armadas, que se han enfrentado también al Gobierno por la integración de escalas en la nueva Ley de la Carrera Militar, por los bajos sueldos que siguen manteniendo en comparación con otras potencias occidentales – un soldado español gana la mitad que un británico, un francés o un norteame- ricano- o por la obligación de realizar funciones civiles sin tener la formación para ello. En los últimos meses, decenas de militares han llevado por ejemplo ante los tribunales al Ministerio de Defensa por incumplir las normativas europeas de seguridad aérea.
