Este reconocimiento se refleja en un documento interno del Consejo Superior del Ejército de Tierra, al que tuvo acceso ABC, con fecha de 23 de enero de este año, el mismo día que este periódico desveló el malestar existente en las Fuerzas Armadas por la «falta de transparencia» en los criterios que se utilizan para repartir los nuevos complementos aprobados en el reglamento de retribuciones de 4 de noviembre de 2005.
Esta nueva legislación supuso una revolución en la forma en que los militares cobran los complementos que se les aplican en función de su cargo y de las condiciones de trabajo. Así, de los cuatro complementos que existían se ha pasado a treinta y cinco, que oscilan entre los 25 y los 1.395 euros.
El nuevo sistema ha empezado aplicarse en la primera nómina de este año y ha originado una gran inquietud en el seno de los miembros de las Fuerzas Armadas por la falta de información. El malestar ha llegado hasta el Consejo Superior del Ejército de Tierra, un órgano consultivo que reúne a todos los tenientes generales en activo, que ha elaborado un documento específico sobre estas retribuciones.
Cuatro apartados
El informe se divide en cuatro apartados: antecedentes, criterios de asignación del componente singular del complemento específico, conclusiones al nuevo sistema y análisis externo e interno.
En el capítulo de antecedentes hace alusión, aunque sin nombrarlos, a los 450 millones de euros que el Gobierno decidió destinar en 2005 para mejorar las retribuciones de los militares, recordando que el 45 por ciento de esta inversión, 200 millones, se ha repartido en 2005 para los pagos complementarios de carácter general entre el personal activo y reserva; otros 200 millones se distribuirán en 2007 para retribuciones complementarias de carácter particular y para el componente singular del complemento específico entre el personal de destino. Finalmente, en 2008, se repartirá el 10 por ciento restante en concepto de retribuciones complementarias de carácter particular y el complemento de dedicación especial entre el personal con destino.
En cuanto a los criterios de valoración para la concesión de los nuevos complementos, el apartado más extenso, en el caso del componente singular del complemento específico, destaca que el nivel de responsabilidad se prima en un 46 por ciento, la preparación técnica en un 24 por ciento, el tipo de unidad en un 10 por ciento y la peligrosidad y la penosidad con otro 10 por ciento cada uno.
El documento contiene una relación detallada de los tipos de unidades del Ejército y hace referencia, en el concepto de peligrosidad, a la Ley de Prevención de Riesgos que, según las fuentes consultadas, todavía no se está aplicando en las Fuerzas Armadas, a pesar de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a España a hacerlo. De hecho, y siempre según estas fuentes, sí que se está haciendo en la Guardia Civil y en la Policía Nacional.
En sus conclusiones sobre el nuevo sistema, reconoce la existencia de un «periodo de ajuste de los desequilibrios» y la necesidad de llevar a cabo «una revisión exhaustiva de la plantilla de destinos».
En cuanto al análisis externo, destaca el incremento porcentual por categorías militares, que es de un 6,7 por ciento entre los generales, un 7,7 en los oficiales y suboficiales y un 7,8 por ciento en la tropa. En la equiparación con otros ejércitos hace alusión a la «imagen de ser el gran beneficiado».
Las causas
Por último, en el análisis interno, admite que «no se ha alcanzado la clave del éxito», citando como causas «la naturaleza del sistema, los criterios de asignación o las limitaciones de la plantilla de destinos».
Este informe viene a reconocer que realmente en el Ejército hay preocupación sobre cómo se está aplicando esta nueva política salarial, a pesar de que, desde el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, se ha querido quitar hierro al asunto. Sin embargo, en el Ministerio de Defensa se sigue con preocupación una situación que puede ir a más si no se corrigen estas disfunciones. No hay preocupación, se dice, pero se pone en marcha un correo electrónico y un teléfono para informar de las subidas. Unos medios que han sabido a poco, ya que los militares aseguran que «no responden a las preguntas y sólo contestan con lo que ya se sabe y está contemplado en el Real Decreto».
Antes de poner en marcha este nuevo sistema salarial, la Subsecretaría de Defensa, a través de la Dirección General de Personal, ha trabajado conjuntamente con los tres Ejércitos y con los Ministerios de Administraciones Públicas y Economía y Hacienda, «con el objetivo de valorar los más de 140.000 destinos, con los criterios que marcan el nuevo reglamento de retribuciones: tipo de unidad, responsabilidad, preparación técnica, peligrosidad y penosidad».
Sin embargo, esta nueva política salarial ha merecido duras críticas de algunas asociaciones de militares, como la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) que aseguró que el incremento retributivo del Gobierno «no colma las aspiraciones» de las Fuerzas Armadas, a la vez que matiza que «es preciso recordar que las modernas tendencias retributivas para la Función Pública pasan por objetivar los conceptos retributivos y por definir, también desde la objetividad, el modo de reparto de los mismos».
El informe del Consejo Superior del Ejército de Tierra sobre la política salarial del Gobierno no es el único que se ha elaborado en el seno de las Fuerzas Armadas. Varias unidades han comenzado a exponer sus propias opiniones sobre la situación creada.
En uno de estos informes – que obra en poder de ABC-, de un mando de personal militar, que agrupa a su vez otros informes de diversas unidades militares, que quieren guardar el anonimato, se señala que «gran parte de las dudas suscitadas giran en torno a la transparencia que debe presidir los criterios de asignación del Componente Singular del Complemento Específico (CSCE) para cada puesto de trabajo».
Análisis provisional
Aunque precisan que el análisis sobre los nuevos complementos es «muy provisional», señalan que las dudas que se plantean es consecuencia del «escaso nivel de información del que se dispone actualmente».
El informe recoge lo tratado en una reunión del 24 de enero y analiza los criterios de valoración. En el caso de la preparación técnica y en lo relativo al perfil del puesto en cursos o especialidades, «se considera necesario difundir la valoración de todos ellos, especificando por empleos cuando fuera necesario. Esta circunstancia puede ser un factor que condicione la voluntad de realizar un determinado curso».
Igualmente, precisa que «dentro del cuerpo de especialistas, la falta de cursos de perfeccionamiento crea una situación de desventaja respecto de quienes sí pueden realizarlos, con consecuencia en el CSCE a percibir».
En cuanto a la peligrosidad, dice que «al ser un criterio de valoración común para todos los que pertenecen a la misma unidad, se considera que algunos puestos con exigencia de cursos, como el de Tedax, deberían haberse tenido en cuenta individualizadamente en atención a su mayor peligrosidad».
Asimismo, advierte de que «la falta de transparencia puede generar desconfianza y descontento en los militares afectados» y que, con carácter general, «existen diferencias sustanciales en la asignación del CSCE en el mismo empleo. Por ejemplo, un coronel oscila entre el nivel 15 y el nivel 26».
