La Razón, 21 de sept de 2008, Diego Mazón.
MADRID- El 16 de agosto de 2005, diecisiete militares españoles fallecían en Afganistán al estrellarse el helicóptero Cougar en el que viajaban. Hoy, la investigación vuelve a estar como entonces: a cero. El juez volverá a empezar de nuevo, después de admitir el recurso de la defensa del padre del piloto, el capitán David Guitard, que no pudo acceder a las diligencias del juzgado hasta el final de la instrucción. Esto implica que las conclusiones, que señalaban que no se deducía «ninguna responsabilidad penal», quedan anuladas, por lo que se retorna al punto de partida: ¿fue un accidente o un ataque?
La decisión del Tribunal Militar Territorial Primero se produce después de una serie de irregularidades en el proceso que ayer denunciaba el abogado, Mariano Casado, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). El auto que ordena «la continuación de las actuaciones» admite que «las razones alegadas por el recurrente», que representa al padre del capitán Guitard, «son atendibles» por cuanto sufrió «indefensión» al no poder acceder a las diligencias pese a que las había reclamado en dos ocasiones.
Casado fue más allá y denunció que sólo tuvo la posibilidad de interrogar a un perito, un capitán de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, y que ni siquiera pudo hacerlo en profundidad. Además, el juzgado realizó todas las pruebas periciales y testificales sin que estuviera presente el citado abogado, por lo que reclamará que se repitan todas. Precisamente esto es uno de los puntos que reconoce el tribunal como fundamentales para admitir el recurso. El juez, para darle la razón al letrado frente a las protestas del fiscal, se acoge a una sentencia del Constitucional (93/2005) que subraya que «la posibilidad de contradicción es una de las reglas esenciales del desarrollo del proceso». Posibilidad que la defensa no tuvo.
Casado celebró ayer el auto, pero resaltó que «no es lo mismo investigar unos hechos inmediatamente después de que suceden que empezar a investigarlos tres años después». En su opinión, «querían cerrar el caso cualquier manera y a cualquier precio», por la presencia de «intereses políticos para dirigir la investigación desde el primer momento».
Casado subrayó que la investigación fue «nula», y denunció que la defensa ha sufrido una «obstrucción total». De cara a la nueva investigación, el secretario general de la AUME reclama que se indague «cuál fue la influencia política en la investigación», ya que, según Casado, «hay documentos que atestiguan la permanente relación entre José Bono y el autor del atestado». Además, pide que se tenga en cuenta la declaración de uno de los soldados que aseguró haber visto a cuatro afganos adultos huir del lugar del suceso, pues esa cuestión no se investigó debidamente. El recurrente, de hecho, no tuvo posibilidad de interrogarle.
Los interrogatorios realizados poco después del suceso también son uno de los puntos sobre los que incide Casado. ¿Por qué intervino el CNI cuando había un instructor?, se pregunta. Igualmente, el abogado exige que se interrogue a todos los miembros de la comisión de investigación y al instructor del atestado. También reclama que se ahonde en cuestiones como el nivel de riesgo real que había en la zona en el momento de los hechos, las medidas de defensa que tenían los helicópteros y otros muchos aspectos que quedaron en el tintero durante la instrucción del caso.
