La Razón, 22 de sept de 2008,Diego Mazón
MADRID- Las irregularidades del proceso judicial seguido tras el siniestro del helicóptero Cougar del Ejército de Tierra en Afganistán, en el que murieron 17 soldados españoles, llegaron a rozar el absurdo en determinados momentos. Tras la imposibilidad de acceder a la instrucción del caso por parte del abogado defensor del padre del capitán muerto en el accidente, el juzgado proveyó el 6 de mayo de 2008, casi tres años después del suceso, que éste «podrá ejercer el derecho a obtener copia del procedimiento».Pero esta providencia marcaba una serie de condicionantes que el letrado, Mariano Casado, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), tenía que asumir si quería tener las investigaciones realizadas por el juzgado.
La primera condición que establece en la providencia del 6 de mayo el Tribunal Militar Territorial Primero es que el representante del padre del capitán Guitard «podrá realizar las copias de lo instruido hasta el próximo día 13 de junio en horario de 14:00 a 14:30 horas de lunes a viernes». Pero esas copias debía realizarlas bajo el control y «la supervisión» permanente del secretario relator del juzgado.
Ya en el comienzo de la notificación el juzgado avisaba de las precarias «circunstancias de personal y presupuestarias» del mismo, algo en lo que incide en el segundo condicionante que se le expone al abogado. Según explica, «las copias deberá realizarlas el letrado, o persona por él delegada con la autorización del secretario relator, habida cuenta de la ya expuesta precaria situación de personal del Juzgado». Es decir, al no haber personal suficiente, el letrado u otra persona por él acreditada debía hacer las fotocopias del auto.
La tercera condición que se le impuso al letrado es la más inusual. El juzgado le conmina a que «al ser aún más precaria la situación presupuestaria deberá traer para las copias que se deseen realizar el montante de folios necesarios para las mismas».
Quizá esta precaria situación presupuestaria del juzgado es lo que motivó que el juez instructor del caso no se desplazara en ningún momento al lugar de los hechos, unos kilómetros al sur de la ciudad afgana de Herat, de la que partió el helicóptero.
El Tribunal Militar Territorial Primero, el mismo que investigó el siniestro la primera vez, será el encargado de nuevo de la reapertura del caso, pese a las dificultades de personal y económicas que ya manifestaba en la providencia de mayo.
En este mismo documento, el secretario relator subrayaba que nunca se había negado al abogado la copia del procedimiento, algo que el auto de continuación de actuaciones contradecía, subrayando que la solicitud del letrado de que se le expidiera copia de las actuaciones «fue rechazada en dos ocasiones». De hecho, una de ellas fue el día anterior a que se le remitiera la providencia citada anteriormente.
