El periodico de Aragón, 3 de Septiembre de 2005
El Juzgado Togado Militar de Zaragoza ha abierto una investigación para esclarecer el presunto robo de una serie de documentos confidenciales de unas taquillas pertenecientes a uno de los 62 militares muertos en la tragedia aérea del Yak-42. Según la familia del fallecido, que estaba destinado en la Base Aérea de Zaragoza, éste guardaba pruebas que podrían implicar en un fraude a un oficial con el que había mantenido varias disputas
Se trata de unas facturas supuestamente falsas que el presunto implicado habría firmado para desviar fondos del departamento de Carga a la construcción de un salón para altos mandos.
La presunta sustracción la habría realizado un tercer militar después de que el subteniente del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) Joaquín Enrique Alvarez perdiera la vida en el siniestro ocurrido el 26 de mayo del 2003 en Trabzon (Turquía).
La viuda de Alvarez, Rosa Alvarez, explicó a EL PERIODICO que su abogado interpuso hace varios meses una denuncia para exigir una investigación sobre lo ocurrido. Las sospechas surgieron después de que la familia no recibiera la gran mayoría de los efectos que el subteniente guardaba bajo llave en sus armarios y de los que su esposa y sus hijas tenían conocimiento. Entre esos objetos que la viuda nunca recibió figuraban, precisamente, las facturas, además de unas hélices, una chaqueta del Ejército de Tierra, la cartilla de prendas y más ropa militar.
LAS PERTENENCIAS «Unas semanas después del accidente nos trajeron dos cajas con las pertenencias que había en el interior de sus taquillas. Tardé varios días en abrirlas porque no estaba preparada para enfrentarme a esa situación. Mi marido me había dicho en distintas ocasiones que en sus armarios guardaba una carpeta en la que ponía la palabra confidencial y que en ella estaban las facturas falsas que comprometían a un mando de su unidad con el que tenía una mala relación. Quique –su esposo– trabajaba en el departamento de Carga del EADA y, al parecer, el oficial firmaba los documentos para justificar después los gastos como relacionados con asuntos del departamento de mi marido, pero destinaba después el dinero a fines muy distintos», indicó Rosa Alvarez.
Según la viuda del militar, uno de los 30 que fueron mal identificados, entre los objetos que le entregaron no se encontraba el acta que debe levantarse al abrir una taquilla en estos casos y que detalla los efectos hallados. El procedimiento tiene que efectuarlo una persona junto a dos testigos, pero se obvió con Alvarez.
«En once de los doce casos de miembros del EADA que murieron en el accidente se elaboró el acta, pero no con mi marido. ¿Qué buscaban? ¿Sabían qué había dentro de las taquillas?», denunció la viuda, que conoce a la persona que presuntamente habría abierto los compartimentos. Se da la circunstancia de que este militar sería uno de los que portó el féretro del subteniente en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
Sin embargo, antes de interponer la denuncia Rosa Alvarez, residente en Zaragoza, se puso en contacto con mandos de la Base Aérea para que le dieran todos los efectos personales «por las buenas». La respuesta que recibió fue contundente. «Me dijeron que el militar que abrió las taquillas aseguraba que no había cogido nada», señaló.
Ahora, esta viuda sólo quiere que se destape la verdad por la memoria de su esposo. «Mi marido no está para defenderse y no le van a faltar al respeto después de muerto. Si no se atrevieron a quitarle las facturas en vida, ¿por qué lo hicieron después del accidente?», criticó Alvarez, quien afirmó que acudirá a la Justicia civil si se frena la investigación.
El procedimiento dio un nuevo giro el pasado 18 de mayo, cuando Rosa Alvarez y sus dos hijas declararon ante el juez. Con su testimonio, confirmaron que el fallecido les había hablado de la existencia de las facturas y que, al parecer, el dinero se había empleado en una especie de cantina.
OTRAS DECLARACIONES Pero además, entre las personas citadas figuraban un exjefe del EADA y el militar que presuntamente abrió los departamentos. Todos ellos también aportaron su versión de los hechos, aunque el exjefe del EADA aseguró, según Alvarez, que se había redactado una nota con la relación de los efectos personales que se habían encontrado. Una nota que, a juicio de la viuda, nunca se llegó a escribir «porque no estaba en las cajas» que recibió la familia.
«Esas facturas para mí son indiferentes, pero el problema es que no levantaron acta como a los demás y han faltado al respeto a mi marido. Profanaron su cadáver después de quitarle la vida por la falta de seguridad, lo enterraron en Cáceres por error y le robaron los objetos que tenía –una alianza y una bota–. Y no voy a consentir que nadie se meta con él, porque aunque no esté su familia lo defenderá», subrayó.
La investigación iniciada por el Juzgado Militar de Zaragoza a raíz de la denuncia de la familia del subteniente Joaquín Enrique Alvarez se dividirá en dos partes, según detalló la viuda del militar. Por una parte, el juez de la capital aragonesa indicó que estudiará por qué se abrieron presuntamente las taquillas del fallecido sin levantar acta. Sin embargo, las pesquisas acerca de si las facturas que al parecer fueron sustraídas están relacionadas con alguna actividad ilegal de un oficial de la Base Aérea se llevarán a cabo en Madrid.
