A. Vellón Fecha de publicación: 15/9/2009, la voz de galicia.-El PP ha vuelto a interpelar al Ministerio de Defensa para que aclare el agravio salarial de los marinos de la F-103, con base en Ferrol, con respecto a otras unidades españolas en su labor contra la piratería en aguas de Somalia. La situación llegó, de hecho, a convertirse en una reclamación formal por parte de los alrededor de doscientos integrantes de la dotación que, en muchos casos, percibieron la mitad del sueldo que las de otros buques del país haciendo las mismas tareas.
El motivo, a grandes rasgos, es que la Blas de Lezo navegaba con una flota de la OTAN y las demás con la Unión Europea. Para el Gobierno, a efectos administrativos, el trabajo de la F-103 no fue una operación de paz en el extranjero, ya que el objetivo original de la fragata era una singladura hasta Australia. Finalmente, sin embargo, esas órdenes se variaron y el buque permaneció tres meses en el golfo de Adén, hasta que regresó al Arsenal el 15 de julio.
Ya en mayo el diputado ferrolano de los populares, Arsenio Fernández de Mesa, presentó una proposición no de ley para su debate en la comisión de Defensa en la que se pedía esa compensación salarial con carácter retroactivo. Consultado ayer al respecto señaló que «no se nos ha contestado ni oralmente ni por escrito, y me consta que esos marinos siguen sin cobrar», algo que también corroboraron varias fuentes de la Armada.
Por este motivo, De Mesa ha querido «forzar» ahora que sea la propia ministra, Carme Chacón, la que responda sobre la situación. En concreto, ha registrado una pregunta oral para el pleno del Congreso de los Diputados en la que interpela a la titular de la cartera: «¿Cuándo piensa abonar el Gobierno los complementos correspondientes a su participación en la operación Atalanta, en aguas de Somalia, a la dotación de la fragata Blas de Lezo?».
Aunque la F-103 no estuvo oficialmente en la operación Atalanta, sino en la Allied Protector de la OTAN, De Mesa las considera «absolutamente iguales, y no es de recibo que haya un desajuste de esas características, que unos cobren casi el doble que otros por hacer lo mismo, en el mismo sitio y con las mismas penalidades y esfuerzos». Estima que el Ejecutivo «tiene la obligación de paliar esta situación y explicar el motivo de lo sucedido».
