El mundo.es Roberto Benito | Madrid
La declaración ante el juez del sargento primero que figura como secretario del atestado del siniestro del Cougar en Afganistán el 16 de agosto de 2005, en el que fallecieron 17 militares españoles, asegurando que él sólo ejerció como escolta de un superior y de José Bono, entonces ministro de Defensa, ha provocado las primeras reacciones.
El que fuera el último titular de Defensa del Gobierno de Aznar, Federico Trillo, actual portavoz de Justicia del PP en el Congreso, ha calificado en Onda Cero como ciertamente "chocante" la declaración del sargento y ha reclamado que se investigue con la misma diligencia el caso del Cougar que el accidente del Yak-42, que tantos quebraderos de cabeza le dio en sus últimos meses al frente del Ministerio, informa Europa Press.
Las palabras de Trillo no eran casualidad, ya que mientras las grandes lagunas que existen sobre la investigación del Cougar no han tenido hasta ahora ninguna consecuencia, la semana que viene comienza en la Audiencia Nacional el primer juicio del Yak-42, el del caso de las identificaciones erróneas de parte de los 62 militares españoles, en el que están imputados tres oficiales.
Mientras, el Grupo Popular ha pedido que la ministra Carme Chacón y el director del CNI, Alberto Saiz, comparezcan en el Congreso de los Diputados. Los ‘populares’ quieren saber si el Gobierno va a desclasificar los documentos que el Centro Nacional de Inteligencia (que tuvo una inusual participación en las primeras investigaciones sobre el terreno, el mismo día del siniestro) tiene sobre el caso del Cougar y, en caso de que la respuesta sea negativa, que al menos se conozca su contenido en la Comisión de Secretos Oficiales, según ha explicado la portavoz del PP en la Comisión de Defensa, Beatriz Rodríguez-Salmones.
El Gobierno estudia desclasificar informes del CNI sobre el caso en el Consejo de Ministros de este mismo viernes, según informaron fuentes del Ministerio de Defensa a Europa Press. Preguntado el Departamento por ello, no lo desmintió y optó por no hacer ningún tipo de declaración, en su línea habitual desde el nombramiento de Carme Chacón hace casi un año.
Por su parte, la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume) ha manifestado una vez más su preocupación "por los nuevos datos que se van conociendo, que ponen en entredicho toda la investigación y también las versiones oficiales que se dieron por los responsables del Ministerio de Defensa, incluso en el Parlamento".
Según ha explicado el secretario general de la asociación de militares, Mariano Casado, "las familias tienen derecho a saber la verdad, sin más dilaciones", y para ello es esencial que "se acuerde la desclasificación de los documentos del CNI y de seguridad en vuelo".
"Aume reitera su preocupación por la posible intromisión de responsables políticos en la instrucción del atestado, lo que supone la quiebra del principio de separación de poderes", ha concluido Casado.
