La Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME, denuncia la pérdida intensa y progresiva de derechos que vienen sufriendo los militares en los últimos meses.
El origen de esta situación se encuentra en la tramitación de diversos proyectos de ley y en la publicación de leyes que afectan de forma directa y muy restrictiva a derechos fundamentales, libertades públicas y derechos profesionales de las mujeres y los hombres que integran las Fuerzas Armadas.
La reciente entrada en vigor de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y su aplicación está evidenciando un retroceso manifiesto en los derechos de defensa de los militares, a los que se induce o conmina a aceptar la conformidad con sanciones para evitar que hagan uso del derecho a la asistencia letrada. Los arrestos – privaciones de libertad- se siguen imponiendo por mandos que son, a un tiempo, juez y parte, sin que el uso de los procedimientos de habeas corpus esté evitando la pérdida arbitraria de libertad de muchos ciudadanos de uniforme.
El incumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo en relación con los procesos de elaboración de los Informes Personales de Calificación (IPEC) es clamorosa, sin que se haya adoptado medida alguna para trasladarlo a normas de derecho positivo, permitiendo a la vez que se continúe con los procedimientos no adaptados en el actual periodo de calificación, lo que supone una quiebra de los principios de mérito, capacidad e igualdad y pone en peligro los procesos de evaluación para el ascenso.
El proyecto de Código Penal Militar en tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados no respeta el mandato constitucional de limitar su extensión a lo estrictamente castrense, y, por el contrario extiende el ámbito penal militar a delitos comunes. Además, recoge nuevos tipos penales que parecen teledirigidos a criminalizar el derecho fundamental de asociación profesional.
La reforma de la Ley de la Carrera Militar que se encuentra en el Congreso de los Diputados no es más que un parche, que llega tarde y es manifiestamente insuficiente. Además, cuanta con la oposición de todas las asociaciones profesionales de militares.
La tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reconoce la existencia de privilegios del Gobierno en la configuración de la jurisdicción militar, no resuelve lo que la gran mayoría del arco parlamentario, la sociedad civil y los militares están demandando. La plena integración de la jurisdicción militar en el Consejo General del Poder Judicial y la radical independencia de los jueces que la ejerzan del mando militar y del poder político no se aborda en la modificación legal. De nuevo los militares españoles son los únicos ciudadanos sometidos a una justicia especial, no homologable con la que reciben los demás ciudadanos.
Los trabajos que sobre el régimen de jornada y horarios se están llevando a cabo en un grupo de trabajo ad hoc en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, usan a los representantes de las asociaciones como mera coartada para tratar de imponer una jornada y unos horarios manifiestamente regresivos, que no respetan ni salvaguardan los derechos profesionales de los militares y que afectan muy gravemente a la concitación de la vida laboral, personal y familiar.
Todo lo anterior, es el reflejo y la consecuencia directa del uso del rodillo parlamentario y del no entendimiento por el Gobierno, de la existencia del derecho y de la voluntad, expresada en múltiples ocasiones, de los militares de ser ciudadanos de primera y de integrar el cumplimiento de sus funciones con los derechos. Todo ello es perfectamente posible si hay voluntad verdadera y leal de avanzar en la mayor participación de los militares en aspectos sociales, profesionales y económicos que les afectan y en integrar como elemento básico de las políticas de personal y de la planificación operativa, los derechos fundamentales y profesionales de lo miembros de las Fuerzas Armadas.
Sólo un cambio decidido en la concepción del trato a los ciudadanos de uniforme, que pasa por tratarlos como tales, con medidas reales que faciliten y potencien su participación en los asuntos que les afectan, podrá ser el cauce inicial de la consolidación de procesos de plena ciudadanía.
Madrid, 28 de mayo de 2015.
