La Razón,D. Mazón 30 sept
MADRID- Se ha reabierto la investigación del Cougar. ¿Tienen alguna esperanza de que depare unas conclusiones distintas de las que ya se expusieron?
– Tienen que llegar porque como no se ha investigado correctamente ni se han agotado todas las posibilidades, si ahora se hacen las cosas bien llegaremos a otra conclusión, a la que sea, pero distinta. Y servirá para ver qué cosas no se deben hacer cuando se trata de investigar un hecho como éste, ocurrido fuera de territorio nacional.
– Volvemos al punto inicial. ¿Hay indicios razonables de que haya habido un ataque?
-Puede haber algún indicio razonable. El ataque, o el intento de ataque, no tiene por qué descartarse a priori. Lo que hay que investigar es qué pasó en ese momento y en ese entorno, con las detenciones que hubo, a quién se detuvo… Todo eso tiene que aclarar unas circunstancias que pueden ser las de un ataque o no. Hay un montón de interrogantes. ¿Por qué si se pudo investigar bien no se hizo? ¿Por qué hay datos que permiten sostener que la máxima autoridad política tuvo una relación innecesaria con las personas que investigaban el accidente?
–Denuncian que ha habido muchos puntos oscuros. ¿Cuáles son los principales?
-En primer lugar, por qué no se desplazó la autoridad judicial a Afganistán. Por qué no se paralizó la tramitación del atestado, como dice la ley, para que fuera el juez el que dirigiera las investigaciones. Por qué no se coordinaron judicialmente las investigaciones con la participación directa de la autoridad judicial. Por qué muchas de las diligencias que se practicaron no están documentadas oportunamente. Por qué hubo testigos a los que se interrogó de forma conjunta…
-¿Cómo es posible que un tribunal lleve un proceso judicial tan aparentemente lleno de irregularidades?
-Es sorprendente. Hay que preguntarse por qué el atestado se prolongó en el tiempo sin la supervisión judicial y éste no fue ratificado en sede judicial. A nosotros, para negársenos el acceso al proceso o a ciertos interrogatorios, se nos decía que había carencia de medios materiales durante mucho tiempo. Esto ha sido una auténtica carrera de obstáculos. El único interrogatorio que pudimos hacer fue a un perito, y cuando quisimos preguntarle para descartar la posibilidad de un ataque no se nos permitió formularlas.
-¿Qué buscan en el nuevo proceso judicial?
-Exclusivamente lo que el padre del capitán Guitard quiere que se busque, que es el esclarecimiento de la verdad, establecer qué pasó, y ver qué cosas se puede evidenciar que se han hecho mal, para que cuando vuelva a suceder un hecho de estas características no se cometan los mismos errores.
-¿Volverán a llamar a las mismas personas que declararon en el primer proceso?
-Hay otras personas que pueden tener que explicar cosas. Gente que no son testigos de los hechos pero que sí han podido tener una participación en el proceso. Parece razonable que expliquen algunas cosas, como que se interrogue a unas personas en un poblado y no se documente.
-Denuncian una intervención de la autoridad política. ¿A qué se refieren?
-Nos referimos a que consta en el atestado, en distintos momentos, que el que está elaborándolo se entrevista con el ministro de Defensa. Desde un punto de vista estricto, y no hace falta ser jurista para verlo, hay una situación que es la separación de poderes y que tiene que regir en estos procesos. La investigación tiene que estar al margen de cualquier contacto con las autoridades políticas que, por otra parte, nada pueden aportar a la investigación. Lo que discutimos es que el representante de la autoridad judicial concibe lo que va a hacer con la autoridad política del departamento.
-¿Cree que sería necesario llamar a Bono a declarar?
-No lo sé. Habrá que ver lo que sea preciso para la mejor defensa de la familia del capitán Guitard. No vamos a descartar nada a priori, estamos estudiando los autos.
-Este proceso ha puesto en cuestión la capacidad del juzgado militar en algunos casos…
-Lo que tiene que tener son medios como los que tiene cualquier otro juzgado que haga funciones parecidas.
¿Dos casos parecidos?
Mariano Casado es, además del secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles, el abogado de la familia del capitán muerto en el Cougar. Ante las comparaciones que desde ciertos ámbitos pretenden hacerse entre este suceso y el accidente del Yakolev 42, en el que murieron 62 militares españoles, Casado es tajante: «Lo que tienen en común es que se perdieron demasiadas vidas de militares españoles». Ahora, cree que en ambos casos las familias tienen derecho a conocer qué pasó y a depurar responsabilidades en caso de que las haya. «En otras valoraciones no nos corresponde a nosotros entrar».
