El Periodico, 10 de septiembre de 2007
España incumplió durante al menos nueve años el Convenio Europeo de Derechos Humanos al permitir el arresto de guardias civiles y militares por faltas administrativas, cuando el tratado dice que solo las autoridades judiciales pueden privar de libertad. En 1979 España pidió excluir a estos dos colectivos de la protección del convenio, pero no renovó esta solicitud en 1991 y 1998 cuando se modificaron los regímenes disciplinarios de ambos cuerpos. A principios de este año el Gobierno se dio cuenta y, según ha podido saber EL PERIÓDICO, volvió a pedir su exclusión del tratado, pero no pudo hacerlo con carácter retroactivo.
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la que cuenta con más afiliados en activo, calcula que miles de militares han sido arrestados por faltas disciplinarias durante estos años. En opinión de su secretario general, Mariano Casado, estas privaciones de libertad, en virtud del convenio europeo, «son ilegales ».
La agrupación facilitará a todos los miembros del Ejército interesados documentación para que pidan una indemnización a Defensa. 60 EUROS AL DÍA / Casado considera que se podría reclamar 60 euros por día de arresto, ya que el Consejo de Estado fijó esta cantidad para resarcir a un militar cuya privación de libertad fue anulada por un tribunal.
Además de la indemnización, la AUME pretende que estas sanciones no consten en el expediente ni sean tenidas en cuenta a la hora de cambios de destino o ascensos.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) estudia iniciativas similares. En el instituto armado se ha incumplido durante 16 años el convenio. PROMESA / La manifestación organizada por la AUGC el pasado 20 de enero en Madrid, a la que acudieron unos 3.000 agentes para solicitar el fin de los arrestos, puso contra las cuerdas al Gobierno, que se vio abocado a eliminarlos. Era una de las promesas electorales del PSOE.
La AUGC hizo hincapié en que este tipo de sanciones son ilegítimas en virtud de una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que, en noviembre del 2006, ya señalaba que España estaba incumpliendo el Convenio de Derechos Humanos. El tribunal europeo denunció la actitud de España al pronunciarse sobre el arresto de seis días del guardia civil Juan Carlos Dacosta Silva, que abandonó su comandancia porque un familiar suyo estaba muy grave, sin avisar por el cauce reglamentario.
Solo cinco días después de la manifestación de la AUGC, el presidente de AUME, Jorge Bravo, fue castigado a cumplir un mes y un día de arresto por realizar unas declaraciones sobre el accidente de un helicóptero que costó la vida a 17 militares españoles en Afganistán. En su recurso ante el juez, Bravo alegó que se estaba incumpliendo el tratado comunitario.
En esta coyuntura, el pasado mes de febrero el Consejo de Ministros acordó una reserva para que el convenio se deje de aplicar de nuevo a los militares. Solo se refirió a las Fuerzas Armadas porque ya tenía previsto eliminar esta sanción para los guardias civiles. La reserva existía desde 1979 pero el Gobierno del PP no la renovó cuando modificó el régimen disciplinario, en 1998. El Ejecutivo socialista reconoce que el Consejo de Europa no tuvo «conocimiento oficial de esta modificación legislativa», por lo que «no puede tenerse en cuenta» la reserva durante esos años. Las autoridades europeas aceptaron el 23 de mayo pasado la nueva reserva.
DETALLES JURIDICOS
CONVENIO EUROPEO
El artículo cinco del Tratado Europeo de Derechos Humanos fija las condiciones en virtud de las cuales una persona puede ser privada de libertad. El artículo seis establece que toda persona tiene derecho a que su proceso judicial sea equitativo.
LA RESERVA
España, al ratificar en 1979 el convenio mencionado, formuló una reserva para que la protección de los artículos cinco y seis no tuviera validez en el caso de los guardias civiles y los militares. Pero cuando modificó los regímenes disciplinarios de ambos colectivos (1991 y 1998) no renovó esta solicitud, por lo que la reserva dejó de tener validez. Hasta febrero de 2007 el Gobierno no solicitó de nuevo la salvedad al tratado, por lo que los arrestos que se produjeron durante 16 años en el instituto armado y nueve años en el Ejército han incumplido el convenio.
LAS SANCIONES MILITARES
Por una falta disciplinaria leve un miembro de las Fuerzas Armadas puede ser arrestado hasta 30 días en su domicilio o unidad. Por faltas graves, corresponde el ingreso desde un mes y un día a dosmeses en un establecimiento disciplinario militar.
LOS RECURSOS
Contra estas sanciones cabe la presentación de recurso, pero mientras tanto se ejecutan, con lo que la mayoría de militares tienen que cumplir el arresto íntegramente.
EL PRESIDENTE DE AUME SANCIONADO POR UNAS DECLARACIONES
El arresto del presidente de la AUME, Jorge Bravo, ha sido uno de los más llamativos de los últimos tiempos. El brigada fue privado de libertad un mes y un día por hacer unas declaraciones sobre el accidente del Cougar que en el 2005 costó la vida a 17 militares en Afganistán. La sanción le fue comunicada cinco días después de participar en la manifestación de guardias civiles que, tricornio en mano, reclamó en enero pasado la supresión de los arrestos. Después Bravo fue castigado también por implicarse en esta protesta.
El brigada solicitó la revisión inmediata de la sanción ante un juez, aduciendo que los arrestos violaban los derechos humanos fijados por la Unión Europea. Pero el magistrado contestó que «no se podía privar al Ejército de una herramienta tan principal para aplicar disciplina», según explica su abogado, Mariano Casado. En estos momentos ha recurrido ante el Ministerio de Defensa
