eldiariomontanes, 24 de noviembre de 2006
La Corte Europea de los Derechos Humanos ha declarado que las penas privativas de libertad utilizadas para castigar faltas disciplinarias en la Guardia Civil vulneran los derechos humanos.
La quinta sección del tribunal de Estrasburgo dio así la razón a la asociación mayoritaria del instituto armado (AUGC), que recurrió a la justicia internacional el arresto domiciliario de seis días de un agente de Gijón, Juan Carlos Dacosta, quien en 1998 se ausentó sin permiso de su puesto para visitar a un familiar agonizante en Pontevedra y que murió a los pocos días.
La corte sostiene que este recorte de libertades por motivos laborales, recogido en el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, es contrario al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos, por lo que en la práctica, según la Asociación Unificada de la Guardia Civil equivale a una detención ilegal. La AUGC dice que sólo entre 1990 y 2004 en el cuerpo se ordenaron 46.903 sanciones disciplinarias, de las que más de 32.000 llevaban aparejadas la privación de libertad. La AUGC anunció que pedirá reparaciones económicas por estas miles de «detenciones ilegales».
