
Martes 5 de Diciembre de 2006
La Vanguardia Digital
Unos doscientos guardias civiles de uniforme procedentes de todo el país entregaron hoy en la sede del Defensor del Pueblo un escrito de queja por sus condiciones laborales y profesionales y especialmente por el régimen disciplinario, que contempla penas privativas de libertad.
Añadió que el Gobierno se había comprometido a reconocer los derechos y actualizar el Estatuto de la Guardia Civil en su programa electoral, pero que hasta ahora no lo ha hecho y "parece que no tiene ni siquiera previsión de hacerlo".
Perpinyá destacó en especial que aún siguen internando a agentes de la Guardia Civil en prisiones militares y que continúan siendo privados de su libertad por sanciones administrativas y disciplinarias, contra las que recientemente se pronunció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.