El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el general jefe del Mando Aéreo General, Gonzalo Jácome, por un presunto delito de prevaricación.
Este mando militar había sido denunciado por la Sociedad para el Desarrollo del Control del Tránsito Aéreo (Sodecta), y por su residente, Francisco Martín, al considerar que había resuelto un expediente disciplinario contra éste antes de que se resolviera la recusación que contra él había realizado el sancionado.
Dos fueron las denuncias que se presentaron en los juzgados de Plaza de Castilla. Ambas fueron admitidas a trámite. La segunda en el tiempo, por decisión del juez, se incorporó a las diligencias previas que ya había abierto el instructor el Juzgado número 24 de Madrid.
En su escrito, el juez apunta que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, por lo que procede incoar diligencias previas» sobre la actuación del mando aéreo en el caso del presidente de Sodecta.
Este general jefe fue el que impuso una sanción de arresto de 50 días al presidente de Sodecta por enviar una carta al colegio de pilotos en la que explicaba algunas deficiencias en los servicios de los controladores aéreos militares.
El sancionado, sargento del Ejército, solicitó la suspensión del arresto al encontrarse de baja tanto él como su mujer y tener que atender a un hijo de seis meses de edad. En un escrito fechado el pasado 20 de julio, este general jefe del Magen (Mando General) negó la solicitud de suspender la sanción «por no existir causa justa y causarse un grave perjuicio a la disciplina».
En este escrito, el general que está siendo ahora investigado por un presunto delito de prevaricación explica que solicitó a la Base Aérea de Talavera «la remisión de un informe sobre la situación por la que atraviesa la esposa del sancionado a fin de poder dictar una resolución sobre los asuntos planteados».Es decir, el mando militar quiso realizar una investigación sobre el estado físico de la mujer de un sancionado. «Con fecha 20 de julio, se comunica al instructor la imposibilidad de realizar este informe, toda vez que la esposa del sancionado se encuentra en su domicilio familiar de Cáceres, por lo que con la misma fecha se dicta resolución en la que se acuerda denegar la solicitud de ejecución de la sanción impuesta por los motivos que en la misma se dan».
Sobre las denuncias por prevaricación, el general jefe asegura: «La competencia para imponer la sanción queda intacta a pesar de los múltiples intentos legales (uno más de los utilizados por el expedientado y su letrado en la instrucción del presente procedimiento sancionador) tanto para separar a la autoridad disciplinaria y al instructor del mismo como para conseguir dilatar innecesariamente, hasta llegar, como podría haber sucedido en el caso presente, a la prescripción de la falta».
«Por último, este mando debe reseñar, una vez abordados los motivos en los que se plantea la suspensión de la sanción y que realmente se circunscriben a los motivos personales reseñados, que una eventual o posible resolución del Tribunal Militar Central acordando la suspensión solicitada causaría, desde el punto de vista del mando que realiza el presente informe, un grave perjuicio para la disciplina como bien jurídico protegido por la Ley», indica en su escrito del 20 de julio el jefe del Mando Aéreo General.«En este sentido», añade, «no podemos ser ajenos, por ser de dominio público, a la trascendencia mediática que el presente expediente ha tenido en diversos medios de comunicación (periódico y radio) así como en Internet. Todo ello desde la óptica interesada y deformada del encartado, de las personas que intervienen en su defensa y de las organizaciones que se han solidarizado con el sancionado, al cambiar el verdadero debate de fondo a otras cuestiones como el asociacionismo en las Fuerzas Armadas, la desviación de poder en la actuación de la Administración sancionadora y la perversidad de los empleados por la misma», finaliza el informe.
Se da la circunstancia de que, durante la instrucción de este expediente, el instructor del mismo tomó declaración a 16 militares sobre la relación del ya sancionado con la asociación Sodecta.Todos se negaron a contestar si pertenecían a esta asociación.El general decidió deducir testimonio contra todos los militares.Desde el Ministerio de Defensa, no obstante, se intentó aclarar que este expediente no suponía un proceso general contra Sodecta.
4 Agosto 2005
El Mundo
