ROBERTO BENITO /Madrid ElMinisterio de Defensa ha designado a dos generales de brigada del equipo de Carme Chacón para formar parte del tribunal que estudiará el recurso por la sanción que, en 2007, le fue impuesta al brigada del Ejército de Tierra y presidente de la Asociación Unificada deMilitares Españoles (Aume), Jorge Bravo, tras denunciar en rueda de prensa la «falta de transparencia» en el siniestro del Cougar.
Los oficiales mayores elegidos por Defensa son el general Pedro AgustínGalánGarcía, secretario general del EstadoMayor del Ejército, como vocal titular, y el general JoséManuel Sanz Román, jefe delGabinete Técnico del secretario de Estado de Defensa, como vocal suplente.
La Justicia castrense establece que la Sala del Tribunal Militar Central encargada de estudiar el recurso debe estar compuesta por tresmiembros: dos vocales del cuerpo jurídico militar y un general de brigada. Este tercermiembro del tribunal se designa tras realizar un sorteo entre una terna de 15 oficiales propuestos por elMinisterio deDefensa.
La elección de dos generales pertenecientes al equipo de la ministra ha indignado a Bravo, cuyo abogado pidió su recusación el pasado 17 de junio. La defensa del presidente de Aume considera que ambos oficiales tienen una relación evidente con la sanción que se recurre. En el caso del general Galán García, el puesto que ocupa es elmismo desde el que se impulsó el expediente contra Bravo, que culminó con su arresto en prisión durante unmes y un día. En cuanto al general Sanz Román, ocupa un cargo de designación política.
Desde Aume, se considera que la elección de estos dos generales vulnera la objetividad que debe tener cualquier tribunal. Para la asociación, es fundamental que se acepte la recusación y se designe a dos nuevos vocales para poder tener un proceso con garantías. Y, en cualquier caso, afirman que «esto es un ejemplomás de la necesidad de reformar la JusticiaMilitar, para que sea realmente independiente», segúnmanifestó a este periódico el secretario general de Aume,Mariano Casado.
El caso se remonta al 28 demarzo de 2006. Aquel día, Bravo ofreció una rueda de prensa en La Coruña, en la que denunció la «falta de transparencia » tras el siniestro del helicóptero Cougar en Afganistán, en el que fallecieron 17militares.
Sus palabras sentaron muy mal en el EstadoMayor del Ejército, que decidió abrir un expediente al brigada por hacer «manifestaciones contrarias a la disciplina», falta consideradamuy grave.
El 25 de enero de 2007, el presidente de Aume ingresó en la prisión militar, en la que estuvo encarcelado hasta el 24 de febrero.
Bravo decidió recurrir la sanción, al considerar que se habían vulnerado sus derechos fundamentales. Ahora, si no prospera su petición de recusación, uno de los tres jueces que deben estudiar su caso será un alto cargo delmismo Ministerio de Defensa que lo encarceló.
