En su alegato, Zaragoza criticó su actuación por cerrar por completo la investigación cuando quedan «sin duda» muchas circunstancias sin determinar. El fiscal nombró algunas situaciones poco claras del accidente y del avión como que la carga de combustible era insuficiente, que la compañía, última responsable del Yakolev-42, no tenía licencia comercial para volar a Kabul, que la caja negra del avión estaba estropeada o que el personal se encontraba durante el viaje en estado de ebriedad. «Son circunstancias suficientes para hacer una investigación en condiciones», apuntó. Además, se preguntó qué habría pasado si esto hubiera ocurrido con un vuelo comercial. «Se habría investigado hasta al apuntador», sentenció.
El Ministerio público apoya los recursos de las acusaciones particulares al entender que «las víctimas, los familiares, los militares muertos, merecen un acto de Justicia que se lo puede dar este Tribunal ordenando una investigación».
Zaragoza también recordó a la Sección Cuarta de lo Penal, encargada de celebrar la vista, que Grande-Marlaska se negó a practicar una serie de diligencias solicitadas por los familiares de los militares «a pesar de no ser inútiles ni no conducibles a la resolución del caso». Asimismo, el representante del Ministerio Público explica que en un caso en el que está afectada la integridad física de una persona hay una especial necesidad de usar todos los medios de indagación posibles.
