Los militares, funcionarios del Estado, están sometidos a los recortes retributivos, sociales y de derechos que el Gobierno viene aplicando a los miembros de la función pública, pero su estatuto especial los hace más vulnerables por no poder defenderse ante dichos recortes.
Ya previamente tienen establecidas restricciones a los derechos que el resto de la ciudadanía goza. Una menor capacidad de reivindicación, de defensa en el ámbito laboral y de negociación (o la ausencia de esta) les hace menos ciudadanos y más endebles ante las circunstancias actuales.
La actual crisis está dejando indefensos a los que tienen que defender al Estado por la especial virulencia de aquella y porque se les están retirando las pocas herramientas que tienen para proteger a los suyos y a sí mismos.
La Ley de defensa nacional estableció como parámetros a considerar en el ámbito del mantenimiento de la paz, las nuevas amenazas a las que el mundo ha de enfrentarse, como son las guerras asimétricas y el terrorismo transaccional, en un nuevo escenario donde seguridad y defensa son un mismo ámbito en el que se establecen los fines esenciales de la política de protección ante riesgos y amenazas para la sociedad. En el preámbulo de dicha ley se establece como un derecho básico la seguridad, pero también la defensa de los derechos humanos, la erradicación de la pobreza y la colaboración al desarrollo, siendo la Defensa el medio necesario para el establecimiento de estos fines.
Durante el año 2012, hemos asistido por cuarto año consecutivo a la consolidación y profundización de la crisis económica, que ya se puede calificar de “crisis humanitaria” porque alcanza a las necesidades básicas de las personas y además a sus derechos fundamentales. Y, en este escenario, donde obligaciones del Estado, crisis económica-humanitaria, reducción de derechos y un nuevo riesgo o amenaza, sin que se haya identificado como tal hasta ahora –la economía-, los militares como funcionarios, pero sobre todo como medios ejecutores de la Defensa, reciben una desconsideración especial. Paradógicamente se ven afectados de nuevo, como ocurriera durante tantos años atrás, por un apartamiento del resto de la sociedad, doblegados a una nueva “sumisión” mediante la degradación de sus derechos y a través de una herramienta disciplinaria que los convierte en meros objetos del “obedecer y callar”.
Los militares continúan inmersos en las labores de defensa que, principalmente desde hace 20 años, se centran en la participación en misiones internacionales de ayuda humanitaria, colaboración para la paz, etc. Misiones que, en términos de nomenclatura, navegan entre guerras, conflictos armados o escenarios de conflictividad. Si las Fuerzas Armadas están defendiendo España creando “seguridad” mediante las actuales intervenciones, pues así será. Pero mientras tanto tenemos otro enemigo mucho más cercano y que está infligiendo un gran daño a millones de españoles sumiendo a la sociedad en una crisis “humanitaria” donde las personas, los conciudadanos de los militares, se ven indefensas y donde los militares y sus familias se ven aún más desprotegidos que nunca y sin capacidad de respuesta contra este enemigo.
En este estado de cosas, los militares son elogiados, desde la presidencia del gobierno, por su trabajo ejemplar y, casi, colocándolos por encima del resto de funcionarios y trabajadores en cuanto a su eficiencia. No es la primera vez que lo vemos, pues ya anteriores gobiernos han elogiado con la misma intensidad aunque de distinta forma (sin comparaciones) el buen trabajo de estos servidores públicos y de las Fuerzas Armadas en general. Aspecto este, el del elogio, que entra en contradicción con la tramitación que se está llevando a cabo de una nueva ley disciplinaria que los devuelve a épocas pasadas de oscurantismo, dónde el castigo –con privación de libertad- es la base para la disciplina y dónde la libertad de expresión y manifestación quedan cercenados de forma individual y colectiva mediante la limitación a la actividad asociativa de los representantes de los militares y de los propios componentes de las Fuerzas Armadas. Independientemente de la restricción individual que supone esa coerción a un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión, incluida la opinión política o sindical –sin incluir a la religiosa que esa parece subrepticia e interesadamente admitida- ( ya AUME alertó de que la neutralidad política y sindical de los militares no había quedado definida en la ley y por tanto quedaba sujeta a interpretaciones subjetivas), este derecho, inmerso en el concepto “opinión”, en su acepción de idea o juicio, es uno de los ejes principales sobre el que, la recién estrenada Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, basa la participación de los militares en todo cuanto acontece en sus ámbitos profesionales, sociales y retributivos. Este derecho que no quedó bien recogido en esa ley de derechos ahora recibe un varapalo mediante esa nueva ley disciplinaria que se diseña, que mediante el castigo intenta controlar la actividad de los representantes asociativos.
El Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) nació limitado, con falta de representatividad y no dejando del todo contentos a los militares. Ahora, tras su malogrado inicio -según las asociaciones profesionales-, se intentan acortar los pocos “flecos” que al Ministerio de Defensa se le escapaban, para hacer volver al redil aquellos aspectos que se consideraban básicos para el mantenimiento de la disciplina y que, para los sectores más reaccionarios de aquel, era fundamental tener controlados.
Pudiera pensarse que debido a algunas manifestaciones de militares retirados o de organizaciones de militares retirados sobre aspectos de la política territorial, el militar goza ya de una libertad de expresión como el resto de la ciudadanía. Nada más engañoso, pues esos exmilitares ya no están sometidos a los deberes de los militares ni tienen influencia en la gran mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas. Hay que poner en duda si algunos de ellos en verdad lo fueron.
Nos encontramos, por tanto, en el principio de este 2013 con unos militares -“ejemplo como trabajadores” para el Gobierno-, pero sin embargo, desde este mismo gobierno se intenta ejercer un control férreo sobre sus libertades, cuando no cabe la menor crítica sobre su actuación, su altruismo y su generosidad. Unos militares que nos defienden a miles de kilómetros de una amenaza nunca explicada, o poco entendida, mientras que un enemigo más común y más cercano “ataca” a millones de españoles- entre ellos a los propios militares y sus familias-. Unos militares a los que, inexplicablemente y sin motivo aparente, se les cercenan derechos fundamentales y se les deja sin capacidad de respuesta ante su propia situación y la de sus familias. No se puede entender que una persona, por ser militar no pueda opinar de las políticas que interfieren en la situación de sus familias, de sus hijos y de ellos mismos como personas.
Los militares continúan esperando la modificación de la Ley de carrera, la aparición del Observatorio de la vida militar –ambos mandatos incumplidos por el gobierno- y la necesaria modificación de la Ley de Tropa y Marinería. Los graves problemas profesionales que les aquejan no ven solución, pero ante sus quejas y propuestas se advierte una gran prisa en modificar la ley disciplinaria como respuesta a esa actividad reivindicativa.
Quizás no les vaya quedando más solución que una huida hacia delante y buscar como remedio, ante su actual situación, el derecho constitucional a la sindicación. Antes que arremeter contra unos funcionarios tan bien valorados se debería pensar en las consecuencias que ello puede conllevar.
AUME
