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Legislación sobre el Derecho de manifestación de los hombres y mujeres militares

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Artículo 21.

    1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
    2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

LEY ORGANICA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS

Artículo 13. Derecho de reunión y manifestación.

  1. El militar podrá ejercer el derecho de reunión, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión pero no podrá organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical.

Vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar, no podrá organizar, participar ni asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo.

 

STS 1106/2017 TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO CONTENCIOSO (EXTRACTO)

Y, aunque es cierto que el art. 13.1 de la LO 9/2011 en su apartado segundo también prohíbe la posibilidad de organizar, participar o asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones «… de carácter político, sindical o reivindicativo…», por lo que pudiera pensarse que se ha ampliado la prohibición a las reivindicaciones de carácter profesional, tal interpretación no puede ser acogida.

En primer lugar, porque dicha extensión solo opera según el tenor literal del precepto cuando el ejercicio de estos derechos se realice «vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar», circunstancias que no consta acreditado que concurran en el supuesto que nos ocupa. Ni tampoco puede identificarse el «hacer uso de la condición de militar» con el mero hecho de que los organizadores sean guardias civiles o la convocatoria este dirigida a este colectivo, pues por esta vía se estaría prohibiendo todo ejercicio del derecho de manifestación a los miembros de este Cuerpo, lo que sería contrario al núcleo esencial del derecho en los términos que ya hemos señalado anteriormente dejando además sin contenido alguno el apartado primero del precepto.

En segundo lugar y fundamentalmente, porque el término » reivindicativo» no puede comprender cualquier tipo de reivindicación pues ello excluiría toda reivindicación de carácter profesional, social o económico que, como ya se ha indicado, están amparadas como contenido mínimo del derecho de asociación. Lo contrario dejaría vacío de contenido el derecho de reunión y manifestación (ex art. 21 CE) de los miembros integrantes de la Guardia Civil, como señaló el representante del Ministerio Publico en el acto de la vista del presente proceso.

O, dicho de otro modo, en todo ejercicio del derecho de reunión y manifestación que -no ha de olvidarse- es una manifestación a su vez del derecho a la libertad de expresión, hay inevitablemente un componente de reivindicación, pero para respetar un contenido mínimo del derecho fundamental que se ejercita (máxime si se trata de su ejercicio por una asociación profesional) se habrá de diferenciar entre la reivindicación meramente profesional, social o económica de la netamente sindical o política, pues en otro caso toda reunión profesional resultaría per se excluida del ejercicio del derecho y, por ende, se dejaría vacío de todo contenido el derecho esencial que se examina». 

  • CONCLUSIÓN:

 Los hombres y mujeres militares pueden ejercer el derecho de reunión (manifestación y concentración) libremente con las únicas limitaciones:

  • No portar armas (esto se prohíbe también al resto de los ciudadanos).
  • No vestir el uniforme.
  • No haciendo uso de la condición de la condición de militar.

Las asociaciones de militares pueden convocar concentraciones o manifestaciones guardando la neutralidad política y sindical, es decir sin apoyar a partidos políticos o sindicatos.

Todo ello establecido en la Constitución Española y en la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y así lo recoge y obliga a que así sea la Sentencia del Tribunal Supremo STS 1106/2017.