El Faro de Ceuta, 11 de junio de 2206, Por : Carmen Echarri
Las plazas de Ceuta y Melilla esconden historias de militares que han chocado con una jurisdicción en la que no caben recursos y en la que la denuncia contra el mando se convierte en un imposible. Estas son sólo algunos testimonios.
La baja psicológica ha terminado convirtiéndose en la vía de escape de muchos militares que han topado con discriminaciones, presiones, abusos y hasta situaciones de acoso de sus mandos, contra las que de nada han servido las denuncias y el amparo buscado en la justicia militar.
Las plazas de Ceuta y Melilla esconden múltiples historias en las que hombres y mujeres vestidos de uniforme plantean situaciones que por la vía civil llegarían a integrar esos típicos escándalos que en los cuarteles quedan condenados al silencio. Son las luces y sombras de la cabo E., del cabo C., de la cabo Martín M. o del sargento primero D., destacados en acuartelamientos de Ceuta y Melilla que se han prestado a narrar a ‘El Faro’ algunos de sus testimonios.
Unos podrían tildarse de macabros como el sufrido por el cabo E. que tuvo que ocultar su condición de homosexual hasta que la misma quedó burlescamente descubierta en el acuartelamiento en el que prestaba servicio, siendo objeto de ataques y degradaciones que obtuvieron como respuesta el archivo judicial -tras presentar denuncia en el Togado- y la callada de su mando directo. Ahora, de baja psicológica tras ser recogido por sus familiares después de un intento de suicidio, recuerda cómo fue distribuida su fotografía “con el apunte de ‘maricón’” por el cuartel y cómo su vehículo particular “apareció rallado, manchado con mierda de perro y con las mismas alusiones escritas”. Un ataque directo que de producirse en cualquier ámbito profesional hubiera provocado una acción judicial sancionadora inmediata, pero que, entre cuarteles, quedó reducida al mero comentario, seguido de los chismorreos y miradas intimidatorias de los compañeros.
Algo más le sucedió al cabo C., también homosexual, quien tras sufrir un desgarro anal y solicitar la baja médica tuvo que soportar las palabras de su superior, teniente coronel, “que me dijo, riéndose, ‘a ver si ahora te ha salido la regla’”, comenta. Unas alusiones que se sumaron a las presiones recibidas, de índole psicológica, directamente relacionadas con su condición sexual, que terminaron dando forma a una de tantas bajas psicológicas que se dan en el Ejército y que encuentran como denominador común la presión de los superiores, la falta de democracia y, sobre todo, la nula efectividad de una jurisdicción “en la que no encontramos apoyo. Todas las denuncias que hemos trasladado han quedado en nada, en mi caso he optado por la vía civil para demostrar la existencia de mobbing. Por la militar sólo he conseguido que mi superior, encima, me denuncie. Me piden cuatro años de prisión”, apunta.
Precisamente ese mobbing que pretende denunciar el cabo C. cuadra a la perfección con la historia de una compañera, de apellido patriótico, que tuvo que ser recogida por sus propios padres después de que sufriera una esquizofrenia “no detectada en el cuartel”, narra un familiar, que le hacía, por ejemplo, saltar el muro del acuartelamiento y deambular medio desnuda por las calles de Melilla. Ahora se encuentra en la península, ajena a todo lo vivido dentro del cuartel. Sus compañeros hilan su caso con un cúmulo de presiones que “al final terminaron en una esquizofrenia”. “Hay personas que terminan explotados, esto le sucedió a un compañero que destacaba en el deporte y que terminó agotado por las continuas sesiones de entrenamiento sin descansos, al final pidió la baja del Ejército”.
Castigos, “incluso una soldado llegó a estar con su bebé cumpliéndolo”, para los ‘malos’, permisos y prebendas para los ‘buenos’ integran esta ristra de testimonios en donde el respeto a lo que la Asociación Unificada de Militares Españoles definió como ‘cortijo’ “se valora que no veas”.
“Muchos sufren en silencio presiones de sus superiores y no hablan por miedo”, apuntan. “Todavía existe eso de ‘vete’ a hacer un recado para los hijos de tal… como digas que no, luego ves las consecuencias”.
Algunos de los testimonios e historias narrados han sido conocidos por la asociación unificada de militares españoles que ha iniciado su propia batalla en ese traslado de apoyo a los asociados. No obstante, la propia asociación reconoce la poca efectividad en el avance cuando se choca con una jurisdicción vigente que separa de manera clara la forma de aplicar la ley en las instituciones.
Punto de opinion: por el gabinete juridico de Aume
La jurisdicción militar, arma de doble filo
La Jurisdicción Militar cuenta con expreso reconocimiento constitucional. Sin embargo, la realidad de la misma justifica un juicio crítico. Efectivamente, en primer término, se ha de poner de relieve la no adscripción de los órganos de la Jurisdicción Militar al Consejo General del Poder Judicial, en clara discordancia de lo que sucede respecto al resto de los órganos judiciales que si dependen expresa y directamente del mismo.-
La incidencia de esta cuestión y su importancia estriba en que los jueces, los secretarios y los fiscales que actúan en estos órganos, son militares en activo pertenecientes al Cuerpo Jurídico de las Fuerzas Armadas, que son destinados a funciones jurisdiccionales por el Ministerio de Defensa. Esta situación puede suponer una merma en la independencia que ha de presidir toda actuación de un órgano judicial, por estar ligado este principio de actuación, de manera estrecha, al derecho fundamental a la obtención de tutela judicial efectiva.-
Tan es así, que se dan casos en que miembros de Tribunales Militares Territoriales son destinados como asesores del mando a misiones internacionales, sin que pierdan por ello la condición de miembros de la Jurisdicción Militar. Además, por ejemplo, como consecuencia de un ascenso pueden ser removidos en el cargo judicial y destinados a la fiscalía, como secretarios relatores o como asesores del mando militar. Esto no ocurre en los demás órganos judiciales españoles. Los jueces no pueden ser fiscales, secretarios judiciales o abogados del Estado, en virtud de un ascenso profesional que motive el cambio de destino.-
Por ello, si se entiende necesario mantener órganos judiciales especializados en temas castrenses, debe procederse a su plena integración en la órbita del Consejo General del Poder Judicial, para reforzar su independencia y la separación de poderes.-
Por otra parte, en el ámbito penal militar, los tribunales militares que enjuician delitos militares están integrados a un tiempo, por miembros del Cuerpo Jurídico destinados en órganos de la Administración de Justicia Militar y por componentes del Ejército al cual, en cada supuesto, pertenezca el acusado. Parece razonable que los órganos judiciales estén compuestos por jueces profesionales y no se produzca el enjuiciamiento en un entorno mixto que no tiene parangón en los demás órganos de la jurisdicción penal, al que son sometidos los demás ciudadanos.-
Cabe señalar que, al día de hoy, no es posible articular recurso alguno, es decir, no se puede obtener tutela judicial efectiva en relación con sanciones privativas de libertad que sean consideradas como faltas leves. Sólo es posible acudir a los tribunales militares en relación con la vulneración de derechos fundamentales y no por cuestiones de legalidad ordinaria. Y ello a pesar de las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional que han señalado que lo que hemos descrito es algo contrario al artículo 24 de la Constitución Española.- En definitiva, la propuesta sería suprimir esta jurisdicción que no existe en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno.
