el mercantil valenciano, 18 de febrero de 2007
JOAN MIQUEL PERPINYÀ
El día 20 de enero, convocados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y arropados por muchas otras asociaciones de guardias civiles, sindicatos y organizaciones cívicas, unos 3.000 guardias civiles, vistiendo su uniforme reglamentario, se concentraron en la Plaza Mayor de Madrid bajo el lema «Derechos ¡ya!», junto a 13.000 personas más entre las que había guardias civiles de paisano, familiares y amigos.
El mismo día, por la tarde, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó en Santander, refiriéndose al acto citado, que el derecho de manifestación «es un derecho que los ciudadanos ejercen cuando quieren».
El lunes 22, José Antonio Alonso, ministro de Defensa y anterior ministro del Interior, es decir perfecto conocedor de la legislación aplicable a los miembros de la Guardia Civil, declaró durante una visita al Centro Geográfico del Ejército en Madrid que no le constaba que los guardias civiles que se manifestaron de uniforme reclamando la dignificación de sus condiciones laborales «cometieran algún tipo de ilegalidad».
Las primeras declaraciones de los dos miembros del Gobierno directamente concernidos fueron inteligentes: comprensivas con los asistentes al acto y expresadas con la clara intención de restar trascendencia. Sin embargo, el martes por la tarde nos encontramos con manifestaciones realizadas en sentido contrario. Alonso sentenció que el acto del 20-E «es un acto ilegal». Y Rubalcaba afirmaba paralelamente que «el derecho de manifestación hay que ejercerlo conforme a la ley».
¿Qué extraño hecho sucedió entre las primeras declaraciones de ambos ministros y las sentencias condenatorias e inapelables que fueron dictadas posteriormente por estas mismas autoridades? Tuvo que ser un acto muy relevante para lograr un cambio de opinión tan radical por parte de políticos, pues ya se sabe que éstos no tienen costumbre ni hábito de rectificar ni cuando son pillados in fraganti. Bastó para obrar el milagro una reunión del Consejo Superior del Ejército de Tierra, que agrupa a todos los tenientes generales del Ejército en activo, celebrada el martes 23 en el palacio de Buenavista, Cuartel General del Ejército de Tierra en Madrid. Los tenientes generales, encabezados por el general Villar, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, convencieron al ministro Alonso, quien se apresuró a dictar las instrucciones pertinentes al director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, quien con la celeridad que el caso requería y compelido por su superior, tuvo sobre su mesa dispuestos para la firma a la mañana siguiente (miércoles, día 24) las dos primeras órdenes de incoación de los expedientes por «realizar actos gravemente contrarios a la disciplina que no constituyan delito», magnífico cajón de sastre por el que hacer pasar a todos los que reclaman derechos constitucionales, acusándoles de insubordinados.
Así pues, y echadas las cuentas, tenemos sobre la mesa 20 expedientes gubernativos por falta muy grave -ocho miembros de la Junta Directiva Nacional y otros 12 dirigentes provinciales: los secretarios generales de Madrid, Albacete, Córdoba, Cádiz, Málaga, Ceuta, Burgos, Alicante, Zaragoza, Teruel, Murcia y Baleares- con adopción de medidas cautelares de suspensión de funciones por tres meses en todos los casos. Todos ellos, destacados dirigentes de AUGC y representantes legítimos de miles de agentes. Y la guinda del pastel, el compañero Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume), que fue arrestado por 30 días en un establecimiento disciplinario militar sospecho que por participar en nuestro acto y tomar la palabra, aunque los motivos legales sean otros, acaecidos hace muchos meses atrás y que Defensa ha traído a cuento ahora, por una de esas extrañas coincidencias que ocurren en la vida.
Lo peor de todo es que el impulsor de tanto despropósito es el mismo Gobierno que prometió desmilitarizar paulatinamente, empezando por el régimen disciplinario que ahora se apresura a aplicar con desmesura, siguiendo dócilmente las instrucciones de quienes verdaderamente mandan en la Guardia Civil sin tener por qué y sospecho que en muchas otras cuestiones que no sabemos: el Ejército. Y todo ello por haber tenido el arrojo de denunciar el incumplimiento electoral del PSOE en una cuestión intolerable: la modernización de la Benemérita en cuanto a los derechos constitucionales de sus miembros, quienes desde el año 1978 no pertenece a las Fuerzas Armadas porque así lo dice la Carta Magna.
Esto demuestra que aún existen espacios en nuestra Europa social donde colectivos de 79.000 trabajadores públicos, los guardias civiles, se ven obligados a reivindicar en la calle derechos laborales básicos que no tienen. Y demuestra también que gobiernos supuestamente de izquierdas y de ideología socialdemócrata siguen dispuestos a represaliar a quienes lo hacen con el argumento irrefutable de que toca comer lentejas: si quieres, las tomas, y si no, las dejas.
En todo caso, cuatro semanas después del acto de Madrid, AUGC es hoy mucho más fuerte. Unidos todos por el objetivo común de democratizar la Guardia Civil y de dignificar nuestro trabajo, estamos trasmitiendo a la sociedad española que nuestra lucha no es para pedir privilegios, sino para reclamar derechos laborales que todos los policías en España y casi todos en Europa ya tienen hace más de 25 años. Y la marea de solidaridad que ha levantado la apertura de los expedientes es ya abrumadora dentro y fuera de los cuarteles, lo que no podemos dejar de agradecer una vez más.
* Secretario general de AUGC (Asociación Unificada de la Guardia Civil
