20 de enero de 2007, Terra.es
Miles de guardias civiles se concentraron hoy con el lema ‘Derechos, ya’ en la Plaza Mayor de Madrid, uniformados y arriesgándose a ser expedientados, para reclamar la modernización y desmilitarización del instituto armado.
Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organizadora de esta concentración con el lema ‘Derechos, ya’, los asistentes a esta primera manifestación de militares en uniforme de la Democracia fueron 13.000, de los que 3.000 vistieron el traje verde con tricornio, aunque sin el arma reglamentaria.
El filósofo Fernando Savater fue el encargado de leer un manifiesto, que -dijo- lo hacía ‘con mucho orgullo y agradecimiento como español y sobre todo como vasco’, que reclamó dejar atrás ‘la miseria de derechos con los que la historia’ ha tratado a este cuerpo para que llegue ‘la hora del cambio’.
Además, rechazó la reforma del régimen disciplinario de este Cuerpo planteada por el Gobierno, porque es ‘más duro’ que el que se aplica al resto de los cuerpos policiales, y exigió al Ejecutivo ‘cumplir con los compromisos adquiridos’ en su programa electoral.
Recordó que este cuerpo policial está ‘a la cabeza de bajas y suicidios’, ya que -dijo- se contabilizan un intento cada diez días.
El secretario general de la AUGC, Joan Miquel Perpinya, explicó que se trata de la segunda concentración en menos de un año que secunda esta cuerpo y advirtió que no van ‘a parar’ hasta que no consigan sus reivindicaciones.
‘Es una lucha por la dignidad y nuestros derechos usando nuestro uniforme porque estamos orgullosos de él y de otra forma no nos escuchan’, dijo Perpinya, quien mostró al Gobierno su ‘disposición plena’ al diálogo ‘sin condiciones’ para llegar a acuerdos, ‘pero sin imposiciones’.
Responsables de la asociación convocante consideran que no han cometido ninguna falta por vestir sus uniformes, ‘que defendieron con orgullo’ y opinaron que queda ‘muy lejos’ el episodio ocurrido en 1975, en el que la mayoría de los doscientos militares y guardias civiles que asistieron de esta forma a una concentración para exigir su afiliación a la Seguridad Social fueron expulsados, aunque luego muchos de ellos fueron readmitidos por sentencia judicial.
La Guardia Civil recibió el apoyo y el respaldo a sus reivindicaciones de representantes de otros cuerpos, como del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), del sindicato de la Ertzaintza (ERNE), de los Mossos d’Esquadra, del Movimiento contra la Intolerancia y de CCOO.
El secretario general de CCOO, José María Fidalgo, animó a los agentes a seguir la ‘lucha sindical’ y elogió ‘que hubieran salido del armario con orgullo’ con su presencia uniformada.
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Madrid, 20 ene. (COLPISA, M.S.P.).
El PSOE presionó hasta el último momento para intentar que la Asociación Unificada de la Guardia Civil desconvocara la primera manifestación de agentes de uniforme. Según informaron fuentes de AUGC, el portavoz de Interior del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, llamó el viernes a dirigentes de la asociación para advertirles que el acto de protesta de este sábado era “ilegal” y que el Gobierno iba a “aplicar la ley con contundencia” contra los funcionarios que participasen, en velada referencia a sanciones disciplinarias.
El acto de la Plaza Mayor ha puesto punto final a la estrecha relación que la AUGC ha mantenido en los últimos cinco años con el Partido Socialista. Actuales responsables del Gobierno, entonces en la oposición, acudían con asiduidad a los actos de la asociación, a la que respaldaron en sus demandas de suavizar el régimen disciplinario, desmilitarizar el cuerpo y dar cobertura legislativa al asociacionismo, incluso al sindicalismo, en el cuerpo.
Casi tres años después de la elección de Rodríguez Zapatero –explican fuentes de AUGC- ninguno de estos compromisos se ha cumplido. El viernes de la pasada semana, el Ejecutivo presentó en anteproyecto de reforma del régimen disciplinario. Un texto que la AUGC está convencida que no podrá ser aprobado en esta legislatura. Además, la reforma era obligada después de que el Tribunal de Estrasburgo sentenciara hace unos meses que el encarcelamiento de los funcionarios por faltas laborales violaba los derechos humanos.
Este sábado, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró en Santander que esta controvertida reforma, que la asociación califica de “tomadura de pelo” y “cicatera”, entrará en el Parlamento en un mes, después de que haya sido sometida al examen preceptivo por los órganos consultivos. Pérez Rubalcaba salió al paso de las acusaciones de la AUGC e insistió en que el proyecto “se ajusta al compromiso electoral”.
