ABC, Tribuna abierta, 29 de agosto de 2010.Mariano Casado- Ha sido calificado
como la culminación
del proceso de
modernización de
las Fuerzas Armadas,
aunque algunos
pensamos que, en todo caso, debía
ser el inicio de una transformación
que sólo culminaría con la reforma
del régimen disciplinario, del
Código Penal Militar y con la definitiva
redefinición de la jurisdicción
militar. Me refiero a la Ley de Derechos
Fundamentales y Libertades
Públicas de los Militares.
La regulación de los derechos
fundamentales, las libertades públicas
y los deberes de los militares,
después de más de treinta años
y de sucesivos mandatos legislativos,
incumplidos por los Gobiernos,
están en fase de tramitación
parlamentaria.
Al Parlamento llega un proyecto
que no es el que, de manera ciertamente
insuficiente, ha sido conocido
por los grupos políticos y por las
asociaciones profesionales de militares.
Estamos ante un texto distinto,
que se caracteriza por su afán limitador,
que más parece obedecer a
un trabajo de los Estados Mayores
a quienes sí se ha presentado el
texto definitivo aprobado por el Consejo de Ministros en aras a
impedir que las cosas cambien y
que los militares sigan siendo ciudadanos
de una categoría inferior
al resto, incluso de aquellos que
también usan uniforme o son empleados
públicos.
La lectura de alguno de los artículos
que se refieren a derechos y libertades
básicas, que inciden en el ámbito
más profundo de la libertad y
de la dignidad del militar como persona,
lo acredita. El tratamiento
que se hace del derecho a la intimidad
personal que queda absolutamente
condicionado y restringido;
a la libertad de expresión
que en la práctica es inexistente,
el derecho de asociación que reduce
el asociacionismo a clubes de
amigos, sin criterio y sin posibilidad
de intervenir y de relacionarse
en el entorno o, por último, el derecho
de reunión que tan desfigurado
queda, que no habrá otras reuniones
de militares que las que se
produzcan en formación demuestra
que no se ha querido respetar el
contenido esencial de esos trascendentales
derechos, y que, ni siquiera,
existe una ponderación de los
elementos de restricción que pasen
el más claro tamiz de la proporcionalidad.
Además, se ignoran pronunciamientos
de organizaciones internacionales
que han de vincular a España,
como son las resoluciones del
Consejo de Ministros del Consejo de
Europa, incluso la propia doctrina
del Tribunal Constitucional. Tampoco
se ha hecho el más ligero intento
de orientar el texto proyectado hacia
las normas que regulan derechos
y libertades en países de nuestro
entorno más cercano.
El proyecto parece haber sido elaborado
para plegarse a los intereses
de determinados grupos de presión
que existen en el seno de las Fuerzas
Armadas. Éstos, que no expresan
su posición directamente, lo hacen
a través, por ejemplo, de artículos
periodísticos, que sólo surgen
desde plumas en situación de reserva
o de retiro, incluso en contra de
trayectorias profesionales muy ligadas
al poder político, del cual ahora
reniegan.
Pero a pesar de todo ello, el militar
español, consciente de sus responsabilidades
y de su papel constitucional,
mantiene la esperanza y la
determinación de lograr una buena
ley de derechos. AUME está en esta
posición. El proyecto es manifiestamente
mejorable. Ahora, toca trabajar
para cambiarlo. Los grupos parlamentarios
deben responder a las
peticiones y legítimos anhelos de
los ciudadanos de uniforme. Sabemos
que es una ocasión histórica.
Precisamente por ello, se ha convocado
el acto del próximo 16 de octubre
de 2010. Por los derechos y libertades
de los ciudadanos de uniforme.
El alto reconocimiento que
la sociedad española otorga a sus
militares, debe traducirse en una
ley moderna que no sea una oportunidad
perdida para lograr la plena
ciudadanía.
MARIANO CASADO ES SECRETARIO
GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
UNIFICADA DE MILIARES ESPAÑOLES
