EL MUNDO,ROBERTO BENITO / ALFONSO RUIZ MADRID/SANTANDER.-
La Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume) denunció ayer, a través de su secretario general, Mariano Casado, que «las alertas» en las Fuerzas Armadas ante un posible atentado no se «activaron» hasta después de que ETA asesinara al brigada Luis Conde.
Esto significa que el Ministerio de Defensa no había trasladado a las redes militares que los miembros del Ejército podían ser objetivos de un atentado inminente de la banda. De hecho, según aseguró la asociación de militares, la seguridad en el Patronato Militar Virgen del Puerto de Santoña era muy escasa y no había en el edificio ninguna medida específica para proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familiares.
Defensa no desmintió ayer la denuncia de Aume y se limitó a señalar que «el Ministerio, como todos los demás, aplica el nivel de alerta que le comunica Interior».
Mariano Casado explicó que «resulta sorprendente» que no se tomaran medidas de prevención especiales, cuando las Fuerzas Armadas han sido siempre un objetivo prioritario de ETA. De hecho, recordó que, en septiembre del año pasado, la banda ya intentó atentar contra la delegación del Ministerio de Defensa en Logroño, en una de sus primeras acciones después del final de la tregua.
Las advertencias de los problemas de seguridad en la zona no eran, en cualquier caso, nuevas. Apenas 12 horas antes del atentado, la Unión de Guardias Civiles de Cantabria (UGC) había hecho público un comunicado en el que avisaba al delegado del Gobierno, Agustín Ibáñez, de la urgencia de mejorar las medidas de seguridad en los acuartelamientos de la comunidad autónoma.
El mensaje era contundente: «La vida de numerosas familias que viven en ellos depende de que se tomen ciertas medidas que hasta el momento no se han tomado. Deseamos que no sea necesario recordárselo en otras circunstancias similares», se indicaba.
Un año antes, la misma organización había hecho entrega en mano a Ibáñez de un amplio documento en el que se subrayaban minuciosamente todas las carencias. Cuartel por cuartel. La lista era amplia: cámaras de vigilancia obsoletas que no funcionan, ausencia de cierres en los accesos, custodia de vehículos de patrulla en garajes privados anexos al recinto… No hubo respuesta. Luis Velasco, guardia civil y secretario general de UGC, entonó ayer el basta ya. «Hay chalés que tienen más seguridad que alguno de nuestros cuarteles y esta Militares denuncian que el Ejército no estaba en alerta ante un posible atentado carencia debe subsanarse de inmediato», declaró a EL MUNDO.
Velasco ilustra la situación con ejemplos concretos. Cita el del cuartel de «una localidad turística». Allí, el guardia de puertas, «en lugar de velar por la seguridad del acuartelamiento, tiene que atender a los ciudadanos cuando presentan una denuncia». Entre tanto, a su espalda, «amigos de lo ajeno han llegado a saltar la valla y para robar unas bicicletas en el interior del cuartel».
«Miguel Angel Revilla [el presidente de Cantabria] se comprometió a subvencionarnos una parte del chaleco, pero parece ser que hablaron con nuestros mandos y éstos lo pararon. Así que seguimos exactamente igual […] La delincuencia cada vez está más preparada, y además también cuenta con el respaldo del Código Penal», concluyó.
Las carencias del Instituto Armado, unidas a la falta de eco de sus reivindicaciones, han motivado que la reacción de los guardias civiles ante el atentado de Santoña sea especialmente virulenta. «Esta vez no hemos sido nosotros las víctimas», señaló ayer la UGC en un comunicado, «sino nuestros hermanos del Ejército, y tristemente nos planteamos esta pregunta: ¿tendremos que esperar un segundo atentado en Cantabria, esta vez contra la Guardia Civil, para que se tomen medidas y se actualicen las medidas de seguridad existentes?».
«Señores políticos», concluye la nota, «son rápidos y veloces para acudir al lugar de un asesinato y comparecer ante los fotógrafos. ¿Por qué no son igual de rápidos en poner todo de su parte y evitar que sigan matándonos?».
