ABC, 2 DE ABRIL DE 2008,PALOMA CERVILLA MADRID.
El malestar entre los oficiales de la Escala de Oficiales de las Fuerzas Armadas por los incumplimientos del Gobierno de la Ley de la Carrera Militar no se quedará sólo en una denuncia pública, sino que llegará a la misma sede ministerial a través de un escrito de queja. Esta es la decisión que han adoptado, después de comprobar cómo se van cumpliendo los plazos que fija la misma ley para llevar a cabo la integración de las dos escalas de oficiales, y ésta no se puede realizar.
Esta situación tiene su origen en el día 31 de enero, fecha en que el propio Gobierno se había fijado para publicar una orden que estableciera el curso de adaptación, que es necesario realizar y aprobar, para que los oficiales de la Escala de Oficiales, que así lo quieran, se puedan integrar en la única escala nueva, a la que también se incorporarán los oficiales de la Escala Superior. Al no haberse publicado esta orden y, por lo tanto, desconocer el contenido del curso de adaptación, no han podido decidir si renuncian a la integración. El plazo para renunciar a esta integración finalizó el pasado día 31 de marzo.
El retraso que acumula el Gobierno es considerado «grave» por los militares afectados, según asegura la Asociación Unificada de Militares Españoles, y las quejas van aumentando. A este malestar de los oficiales, que no pueden adoptar una decisión, como es la integración en la única escala, se une la de los oficiales de la Escala Superior (equivalente a una licenciatura universitaria en el sistema educativo general). Este colectivo, unos diez mil afectados, están barajando la posibilidad de recurrir la Ley de la Carrera Militar, aunque están a la espera de que el nuevo responsable ministerial desarrolle la legislación.
Pero los oficiales de la Escala de Oficiales (equivalente a una diplomatura en el sistema educativo general), ya han decidido el camino a seguir: enviarán un escrito de queja ante el Ministerio de Defensa.
En este escrito, al que ha tenido acceso ABC, aseguran que la situación en que se encuentran es «contraria a Derecho» y demandan «la puesta en marcha de mecanismos normativos y administrativos que impidan la producción de daños y perjuicios de imposible o difícil reparación, así como la remoción de los obstáculos para evitar que esta parte se encuentre en una notoria y manifiesta situación de indefensión».
Los oficiales, que desconocen el contenido del curso que tienen que realizar y, por tanto, no pueden decidir si se quieren integrar en la nueva escala, piden la «publicación inmediata de la orden ministerial», así como el «establecimiento de una moratoria, no inferior a dos meses desde su publicación, a fin de poder ampliar el periodo de formalización de la renuncia». Los afectados consideran que esta moratoria deberá ser ampliada «si del contenido de la orden ministerial se derivara que la regulación del curso de adaptación, precisara de otros desarrollos normativos, de inferior rango legal, que pudieran ser regulados por los Estados Mayores de los Ejércitos».
Fuentes militares achacan el retraso en la orden al periodo electoral, ya que podría no ser del «agrado de muchos y tener un coste electoral».
