ElFarodeCeuta, 18 de septiembre de 2005
Por Jorge Bravo Alvarez -Asociación Unificada de Militares Españoles. AUME
-El pasado día 2 de setiembre, Francisco J. Martín Pérez, Sargento 1° del Ejército del Aire, terminó de cumplir una sanción que le había sido impuesta de cincuenta días de privación de libertad. Este hecho, sancionar con privación de libertad, nada inusitado en el seno de las Fuerzas Armadas, no dejaría de ser uno mas de tantos atentados al derecho del ciudadano-militar y a la dignidad de las personas, que tantas y tantas veces se producen en los cuarteles, sino fuera por una circunstancia muy particular al tiempo que muy “provocadora” para algún componente del Ejército, esto es que Francisco J. Martín es miembro activo de una Asociación de Militares y, aunque se haya querido enmascarar el verdadero motivo de la sanción con una invocación a “incumplir normas de obligada reserva sobre asuntos del servicio…”, el verdadero motivo tan claramente explícito en la incoación del expediente disciplinario, no ha sido otro que un ataque directo al movimiento asociativo de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Ya se sabe, si no cabe un ataque directo se usa la envolvente.
Si, conocemos, que en tiempos anteriores, casos aislados en intentos asociativos de distinta índole resultaron acallados y todos ellos con un final común y letal: se cercenaron dichos movimientos. Pero eran otros tiempos, otras normas e incluso otras mentalidades.
Cabe pensar que hasta pocos años atrás, los militares nos encontrábamos con una falta de cultura en el ámbito del derecho, de la información y de la normativa, en general sobre los valores constitucionales que, aderezado todo ello con una formación moral férrea basada en unas Reales Ordenanzas en muchos aspectos inconstitucionales, en una disciplina mal entendida y en un régimen disciplinario casi feudal, nos sumía en un tinglado legal del cual sólo se salía por la intermediación de la autoridad en el orden jerárquico, siempre tiene mas poder “judicial” el inmediato superior, y no veíamos mas allá del conducto reglamentario, de los largos, solitarios y farragosos recursos individuales, no escuchábamos bien a la Constitución, que tan poco y mal se enseña en los centros docentes militares, diciéndonos: soy también la Constitución de los ciudadanos de uniforme.
Pero los tiempos cambian, llega el intento de profesionalización, el intento de modernización, el intento de democratización. Y alguien inventa el sorteo para los representantes de los Consejos Asesores (¿democracia en estado puro?), y alguien se erige en representante sindical de los militares (¿democracia intuitiva?, ¿democracia por acción divina?). Pero miramos de arriba abajo la Constitución y no nos cabe mas que un tipo de ciudadano y resulta que en la practica existe otro: el de segunda, el militar, ¡y nos asociamos!.
Y nos asociamos porque nuestro ámbito social y familiar esta mal atendido, nos asociamos porque nuestra profesión está desordenada, nos asociamos porque nuestras retribuciones están por los suelos. Prueba de esas faltas son el proyecto de Ley de Tropa y Marinería, el proyecto de Ley Orgánica de la Defensa, la futura Ley de Derechos y Deberes del militar, la futura reglamentación de retribuciones y la revisión de las Reales Ordenanzas. Esta revolución normativa que atiende a tantos aspectos de la institución nos muestra el estado carencial en que se encuentra la misma.
Mucho tendremos que decir al respecto y lo vamos a decir, aunque a muchos les sorprenda, a algunos les asuste y, a pesar, de que otros no tengan la delicadeza, sutileza, sensibilidad y deber democráticos que, una sociedad madura y con un gobierno progresista, debe mostrar como procedimiento de normalidad democrática, solicitando opinión o ayuda en esos procesos legislativos a las asociaciones profesionales.
Ese proceso normalizador, democratizador, no debe pasar por alto un aspecto fundamental en la igualación de los derechos; la Justicia. Una reforma del régimen disciplinario que acabe con las sanciones privativas de libertad, que dé plenas garantías en los procedimientos y que permita al militar acudir a los Tribunales de Justicia en caso de falta leve por cuestiones de legalidad ordinaria, es un derecho constitucional pendiente de reconocer en el seno de las Fuerzas Armadas. En definitiva, en tiempo de paz y en territorio nacional, los procedimientos judiciales y el ámbito penal han de ser para los militares los mismos que para el resto de la ciudadanía.
Existe otra voz, distinta de la voz de mando, en los cuarteles, es la voz de la reclamación justa que ya se empieza a oír gracias a la intensidad que proporciona el movimiento asociativo. La unión de voces amplifica su sonido, es un fenómeno físico que se demuestra diariamente en el ámbito de la sociedad. Voces como las de Francisco y de otros como él que desde el movimiento asociativo se hacen oír resonando entre sus muros allende los cuarteles, nos invitan a un esperanzador futuro no exento de lucha en la consecución del mismo.
Gracias Francisco por tu voz, se escucha alta, enérgica y clara.
