El Pais, 7 de enero de 2008
El ceremonial instituido con ocasión de la Pascua Militar suele imponer un orden del día escasamente dotado de contenido sustantivo. La efeméride suele servir para hacer un balance agradable del ejercicio precedente, para rendir homenaje a los caídos en alguna de las operaciones de paz en las que España está implicada y para remarcar que las fuerzas armadas (FAS) siempre están listas. Es tiempo de felicitaciones por la tarea realizada por nuestros militares, aunque ya quede muy lejos su motivación originaria (la reconquista de Menorca, en 1782, de manos de los británicos), pero también puede ser, a la vista inmediata de unas elecciones que se plantean reñidas, una buena ocasión para reclamar una mayor atención de los principales partidos políticos hacia los temas de seguridad y defensa.
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La ley de Defensa Nacional, la de Tropa y Marinería y la de la Carrera Militar son hitos positivos que conviene valorar en su justa medida. Por un lado, han actualizado las misiones de las Fuerzas Armadas, han logrado invertir la tendencia a la baja de la plantilla efectiva de los Ejércitos y han ampliado notablemente el carácter civil-militar de la formación de unos soldados que operan en entornos crecientemente complejos. Pero, por otro, también han incrementado la confusión al utilizar mensajes inadecuados (ni los militares ni los ejércitos son actores humanitarios, aunque puedan realizar ciertas actividades de este tipo; ni la Unidad Militar de Emergencias (UME) puede considerarse un acierto, sino más bien la renuncia del Estado a contar con una Protección Civil digna de tal nombre).
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Por último, y sin ánimo alguno de exhaustividad, interesa asimismo recordar que en el horizonte legislativo inmediato queda por regular la creación del prometido Observatorio Permanente de la Vida Militar y la Ley Orgánica sobre Derechos y Deberes de los Militares. El primero es una necesidad básica para despejar cualquier zona de sombra que pudiera quedar sobre el interés de la propia institución castrense por respetar los derechos humanos de sus miembros y porque éstos los hagan respetar en todas sus actuaciones. La segunda es una pieza llamada a mejorar sustancialmente lo que se recogía en las Reales Ordenanzas, aprobadas ya hace 30 años. Un elemento delicado, pero inesquivable, es el del asociacionismo del personal militar. Si los partidos logran no convertir este asunto en un arma arrojadiza en su pelea diaria, y se excluye con claridad la acción sindical, se habrá dado un paso positivo para que los profesionales de los Ejércitos puedan defender por cauces transparentes sus demandas y sus derechos. ¿Estamos preparados para asumir estas tareas?
Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
