AUME, 23 de abril de 2006
Mientras que en el resto de la sociedad la ciudadanía avanza y da nuevos pasos en la consecución de avances sociales y de bienestar, los guardias civiles y militares se encuentran aún lejos de conseguir una ciudadanía plena que los iguale al resto de la sociedad. La democracia implantada en España de forma sólida y eficaz como instrumento de convivencia y progreso, ha conseguido que la articulación de la Constitución tenga un reflejo directo en la ciudadanía mediante las leyes que nos damos a través de nuestros representantes políticos. En esos procesos normativos que se han de dar para que dichos avances sociales lleguen a las personas, sindicatos y asociaciones profesionales juegan un papel fundamental a la hora de velar por los derechos de aquellas. Este funcionamiento democrático, tan normalizado y aparentemente implantado en nuestro sistema, no ha llegado, sin embargo, aún a las Fuerzas Armadas ni a la Guardia Civil.
No existe en la Constitución, ni en su espíritu, ni en su articulado, contenido alguno que de alguna forma imposibilite al militar o guardia civil el uso y disfrute plenos de sus derechos. Pero si es cierto, que en la práctica los componentes de estos cuerpos sufren calladamente la insidia de los que ostentan el poder que, ante la callada y sumisa actuación reivindicativa en orden a lo establecido en sus normas, aprovechan esa circunstancia para mantenerles en el limbo de los derechos democráticos.
Así, unas Reales Ordenanzas, un Código Penal y un Régimen Disciplinario, tienen atenazadas las voluntades y quebradas las esperanzas de un colectivo aún desconocido, que se empeña en denunciar su espacio en democracia.
La falta de dignidad en muchas de las acciones que se llevan a cabo en la rutina diaria durante la actividad laboral de ambos cuerpos, así como también, en muchas otras facetas de su vida privada influenciadas por su profesión, son consecuencia directa de sus marcos normativos, de la dejadez política y del interés de su cúpula de mando.
Podemos ver claramente como una norma, ley que debiera ser orgánica, aprobada en su día como un guiño al estamento caduco que perdía un poder despótico, mantiene a estos profesionales en unas aptitudes morales retrógradas y en una forma de actuación sumisa. Las Reales Ordenanzas no pueden seguir por más tiempo marcando el modo de actuar de estos cuerpos. Además de la inconstitucionalidad manifiesta de sus contenidos permiten situaciones de indignidad que pervierten el propio carácter de dichas instituciones. Hemos podido leer recientemente que la AUGC a solicitado al Defensor del Pueblo que eleve un recurso de inconstitucionalidad al artículo 287 del Título XIII de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra, en lo relativo al uso del posesivo ‘mi’, que en el trato diario se ha de dirigir siempre a un superior. Esto es un ejemplo de lo que nos podemos encontrar dentro de tan nefasta ley.
La reforma del régimen disciplinario es imperativa ya, pues se deben ampliar los derechos y garantías de defensa en el procedimiento sancionador, y se debe establecer un cuadro de sanciones que deseche las sanciones privativas de libertad y establezca parámetros de proporcionalidad y, además, permita acudir a los Tribunales de Justicia en caso de falta leve por cuestiones de legalidad ordinaria.
La modificación del artículo 44 del Código Penal Militar debe realizarse en el sentido que a los miembros de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil se les pueda aplicar la suspensión de condena en idénticas condiciones que el resto de los ciudadanos.
Merecer decencia y decoro en la realización personal mediante el trabajo es inherente al trabajador como parte de su calidad humana y es necesario para la dignidad y desarrollo de la persona. Precisamente la carencia de todo ello es el eje sobre el que se vértebra la lucha de las asociaciones de los componentes de esas instituciones. La inacción y una opresión, muchas veces de “guante blanco”, que de forma omnipresente hiere las personalidades doblegando en muchas ocasiones las voluntades, deja a merced del despotismo, al trabajador indefenso.
Estamos inmersos en unos procesos de cambios normativos, donde se están estableciendo nuevas misiones, al tiempo que redefiniendo las estructuras y las formas de actuación de estas instituciones, y no se podía esperar mas a que los profesionales de las mismas sean un objeto mudo y sumiso ante dichos cambios que de forma tan intensa les afectan. No sólo la estructura del cuerpo, sino también, la dignidad, la democracia y su vida social y familiar, son parámetros esenciales que el propio trabajador tiene que poder estimar en esos procesos siendo parte de los mismos. Ignorarlos sería mantener de nuevo postrados a sus componentes ante un ostracismo antidemocrático.
La Guardia Civil ha dado un paso ayer, decidido en la lucha por unos intereses fundamentales. Ha sido un hecho histórico que marcará un antes y un después. La sociedad va adquiriendo idea de lo que se “cuece” dentro de los cuarteles y los que ostentan el poder tienen que saber que se ha acabado la sumisión y el estar de brazos cruzados ante la problemática que durante tantos años se ha permitido.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha capitaneado un movimiento que está consiguiendo remover esas estructuras caducas que ni la propia Constitución contempla. En un acto de normalización democrática ha expresado públicamente al resto de la sociedad esa falta de derechos y cual es el camino decidido y valiente elegido para la reivindicación de los mismos: la unión de sus miembros y la acción conjunta.
Esperemos que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan dar el mismo paso que ahora dan los guardias civiles a través de la utilización del asociacionismo, instrumento democrático por excelencia en las sociedades avanzadas de nuestro entorno.
-AUME-
