La Razón, J.L.., madrid, 11 de diciembre de 2008
militares, guardias civiles y otros funcionarios de la Administración Pública se manifestaron ayer ante la sede del Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid para exigir la retirada del recorte de las pensiones de Clases Pasivas por incapacidad permanente, conocido como el «pensionazo» y contemplado en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2009.
Alrededor de un millón de funcionarios de la Administración Pública pueden verse afectados por la nueva normativa, según fuentes sindicales, si bien los trabajadores de Enseñanza, Justicia y, sobre todo, de las Fuerzas de Seguridad y el Ejército serán los colectivos que verán mermadas en mayor grado sus pensiones.
El texto conlleva un recorte del 25 por ciento en las pensiones concedidas a partir del próximo año por incapacidad permanente a los funcionarios con menos de 20 años de servicio o antigüedad. Bajo el lema «No al Pensionazo» denunciaron que el Ejecutivo de Zapatero ha puesto en marcha esta modificación legal «de forma unilateral», sin negociación con los agentes sociales y contra el criterio del Tribunal Constitucional, que rechaza que las cuentas públicas sirvan para reformar este tipo de prestaciones, informa Ep.
La marcha, convocada oficialmente por CC OO, contó con el respaldo de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP). «Menos pensionazos, más derechos» fue una de las consignas más coreadas por los manifestantes, que hicieron sonar pitos mientras portaban pancartas contra «el pensionazo de Zapatero» y «los recortes sociales en el Ejército» durante más de una hora frente al despacho del vicepresidente de Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.
El secretario general de AUME, Mariano Casado, defendió la libertad de los militares a ejercer los derechos de reunión y manifestación, a pesar de la oposición de algunos sectores «interesados en volver a la represión y que no entienden que los militares son ciudadanos como los demás». Además, anunció que AUME animará a los grupos parlamentarios a interponer proposiciones no de ley con el fin de modificar «este status, que va a ser muy grave y afectará a muchas familias». La protesta, advirtió, se trata de «una primera acción, pero no de la última».
