ABC.-PALOMA CERVILLA
MADRID. El malestar existente en el Ejército por la falta de medios adecuados para realizar, en condiciones de máxima seguridad, las misiones internacionales en zonas de guerra como el Líbano o Afganistán, se ha reflejado ya en una querella criminal, a la que ha tenidio acceso ABC, interpuesta el pasado mes de junio por el capitán ingeniero técnico aeronáutico Jesús López ante el Juzgado Central de Instrucción de Madrid.
Las posibles responsabilidades políticas y militares que se pueden derivar del atentado del Líbano en el que murieron seis militares españoles, por la «denegación del material adecuado» para realizar su misión, es la base de esta querella criminal, que todavía tendrá que ser admitida a trámite. En el caso de que ello fuera así, se podría unir a la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska para esclarecer las causas del atentado con coche bomba.
El «presunto delito» que se podría haber cometido, siempre según el texto de la querella, que obra en poder de ABC, y sobre el que podría haber «indicios racionales es contra «las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, previsto y penado en el artículo 609, en relación con el 608.6º y 7º del Código Penal».
«Carencias necesarias»
A juicio de Jesús López, la misión adolecía de los mínimos necesarios y apunta que «la denegación del material adecuado y la inexistencia del que resultaba manifiestamente necesario, no sólo puso en peligro la integridad de las personas protegidas (militares españoles), sino que incluso el resultado ha sido la muerte en seis casos».
Estas carencias se refieren a la ausencia de inhibidores en los vehículos blindados BMR en los que se desplazan los militares españoles en estas zonas de guerra, y donde encontraron la muerte los seis militares españoles. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, reconoció que ningún BMR tenía inhibidores y anunció el envío urgente de cuatro unidades dotadas de este sistema electrónico. Además, otros treinta inhibidores se instalarán en otros tantos blindados.
En su querella, el capitán del Ejército del Aire pide que se practiquen dos tipos de pruebas. Por un lado, documentales, consistentes en «requerir al Ministerio de Defensa copia del expediente por el cual fue establecido el material y medios necesarios para la citada misión en el Líbano, incluyendo (caso de existir) los informes realizados sobre disponibilidad o carencia de los mismos, así como las previsiones realizadas al efecto».
Por otro, testifical, en la que solicitan la presencia del jefe de la unidad «en la que estaban integrados los militares fallecidos, como responsable directo de los mismos»; así como la del «general jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Carlos Villar, «como primer responsable de la cadena de mando operativo».
Para Jesús López, «es imposible que no haya responsables y, si las hay, tienen que aparecer», a la vez que asegura que «la impresión» en esta misión es «evidente. Vamos al Líbano con el aspecto de un ejército europeo, preparado y con medios, pero eso es sólo aspecto. Se va sin preparación y sin medios». A su juicio, «la responsabilidad es de los políticos, aunque han intentado buscarlas en el Ejército».
