ABC. 24 de enero de 2007
A pesar de las aclaraciones formalistas del Ministerio de Defensa, ABC ha constatado que miles de militares se han dirigido al presidente del Gobierno para expresar su descontento por la situación salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas. Más de 3.000 cartas han sido ya enviadas por el conducto reglamentario, lo que explica, tal vez, que no hayan sido efectivamente recibidas en La Moncloa.
Los firmantes han querido ser extremadamente respetuosos con la legalidad vigente y, por tanto, el procedimiento se desarrolla de forma menos expeditiva que la utilizada por otros colectivos, quejosos también de las promesas incumplidas por el Ejecutivo. Conviene recordar que la subida de sueldo a los militares fue diseñada por el anterior ministro de Defensa, José Bono, y que a finales de 2005 se aprobó el reglamento de Retribuciones de las Fuerzas Armadas, cuya puesta en práctica resulta muy poco convincente. Las asociaciones militares denuncian que cada vez hay más complementos asignados «a dedo», con lo que ello supone de eventual arbitrariedad administrativa, y que la nueva tabla salarial es tan confusa que algunos la califican de verdadera «selva» retributiva. En efecto, hay desconcierto.
Crear expectativas que luego no se satisfacen parece haberse convertido en una pauta de comportamiento del Gobierno: la manifestación de guardias civiles del pasado sábado es fiel reflejo del desaliento que provocan entre sectores profesionales muy sensibles a su posición institucional esas promesas anunciadas a bombo y platillo, pero que se quedan simplemente sobre el papel. La labor de los Ejércitos en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y su eficacia en sus misiones exteriores merecen el reconocimiento de toda la sociedad española. No es mucho pedir que las instancias políticas tengan en cuenta el sacrificio que esas tareas conllevan a la hora de asignarles una compensación razonable.
La condición castrense no puede servir de pretexto para acallar las voces discrepantes, ni para situar las reivindicaciones legítimas en una perpetua lista de espera. Se hace imprescindible la aprobación de la ley reguladora en los derechos y deberes de los militares, buscando para ello el acuerdo entre los partidos de ámbito nacional, como debería ocurrir siempre en materia de Defensa. Desmentir la realidad al amparo de formalismos puntillosos no puede ocultar la esencia del problema: si las cartas enviadas no han llegado todavía a su destino, es evidente que están a punto de llegar.
