Mayo,2011, La tribuna de AUME.-Con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y la abstención de CiU y UPyD, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley Orgánica de los Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (LODDFAS)
La Ley incorpora, además, el mandato al Gobierno para que presente una reforma de la Ley de la Carrera Militar (LCM). AUME, que desde la entrada en vigor de la norma ha venido solicitando insistentemente que se aborde esta reforma, por considerarlo imprescindible para dar una solución de urgencia a los graves perjuicios causados al personal militar, saluda la decisión adoptada y confía en que la comisión realice el informe en tiempo.
La resolución parlamentaria recoge esencialmente el contenido de la enmienda núm. 51 de AUME, fechada en septiembre de 2010, al Proyecto de Ley de Derechos y Deberes en virtud de la cual se proponía la modificación de la disposición final undécima en los siguientes términos: “El Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley que reforme la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, que aborde el establecimiento de un periodo transitorio de aplicación de un nuevo sistema de evaluación para el ascenso, a aquellos militares cuya trayectoria profesional haya quedado alterada como consecuencia de la no aplicación de la antigüedad. Este régimen transitorio permitirá que pasen a una escala en la que conservarán las características de carrera anteriormente vigente hasta su pase a retiro”.
Se trata, en definitiva, de aprovechar la tramitación de este proyecto para adoptar iniciativas legislativas que permitan la salvaguardia de derechos de miles de miembros de las Fuerzas Armadas, quienes han visto alterada su carrera y trayectoria profesionales, al no prever la LCM un régimen transitorio, por otra parte perfectamente compatible con el nuevo diseño de carrera militar. En efecto, una evaluación de los efectos de la aplicación indiscriminada de la ley a todo el colectivo militar, con independencia de su antigüedad y situación, debería haber hecho reflexionar al Gobierno sobre la necesidad de suplir la carencia de un régimen transitorio, de manera que los nuevos sistemas de ascenso puedan ser implementados con rigor y al mismo tiempo se permita concluir sus carreras profesionales, sin perjuicio de las expectativas que marcaba la legislación anterior, a miles de militares para quienes la aplicación de estos sistemas es profundamente injusta e irracional.
La discrepancia fundamental con la LCM no es tanto con el fondo de su contenido como con la forma en que, despreciando la trayectoria profesional del personal militar, se ha aplicado. Nada hay que objetar al hecho de que el legislador decida legítimamente plantear una nueva filosofía de la promoción profesional, basada en el criterio orientador de las capacidades y aptitudes personales en lugar de la mera antigüedad. El nuevo sistema es digno de consideración pero siempre que se desarrolle con instrumentos técnicos que garanticen su funcionalidad y fiabilidad técnica, lo que implica, entre otras medidas, establecer unos plazos que permitan al personal afectado y a los órganos de gestión de la propia institución adaptarse razonablemente a las nuevas exigencias definidas para seleccionar a los más idóneos para el ascenso. Es evidente que pretender cumplir este ambicioso objetivo, como ha hecho el ministerio de Defensa, apoyándose en el antiguo Informe Personal de Calificación (IPEC) conduce inevitablemente a un rotundo fracaso.
No todo en la LCM es rechazable. Por el contrario, la Ley supone avances, además de los cambios mencionados en el criterio de los ascensos, en otros ámbitos: racionaliza y armoniza la carrera profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas, con independencia del componente al que pertenezca el militar; establece una única escala de oficiales, acabando con la segregación anterior en dos escalas, lo que carecía de sentido, tratándose de los mismos empleos; y, por primera vez, crea una escala de tropa, con igual tratamiento de gestión de personal que la correspondiente a los oficiales y suboficiales, lo que es consecuente con un ejército plenamente profesionalizado.
Precisamente para defender la propia LCM, el Gobierno haría bien en reconocer los errores cometidos en su puesta en práctica y, aprovechando la oportunidad que brinda la enmienda aprobada, tomar la iniciativa en la reforma –antes de que una nueva mayoría política realice una contrarreforma o de que las resoluciones judiciales que fallarán los miles de recursos interpuestos impongan las reparaciones de situaciones jurídicas individualizadas–, considerando que cuanto más tiempo pase más difícil será reparar los trastornos producidos y mayor número de situaciones se volverán irreparables. Sostenella y no enmendalla, nunca ha sido un consejo sabio, por que ya se sabe que quien comete un error y no lo corrige comete otro aún mayor. Lo malo no es equivocarse. Lo peor es permanecer en el error.
Devolver las expectativas de su carrera profesional a los miles de militares que pasarán a la reserva en los próximos años, particularmente los suboficiales como principales damnificados de todas las reformas militares de la Democracia, es una cuestión de justicia y de respeto a la dignidad profesional de nuestras Fuerzas Armadas. También una muestra de inteligencia del Gobierno en la actual coyuntura política.
