DIARIO EL FARO DE CEUTA
Nos encontramos en pleno proceso de desarrollo del Reglamento de Retribuciones según Real Decreto 1314/2005 de 4 de noviembre de 2005, en lo que respecta a la implantación de nuevos complementos y la necesaria adecuación de relación de puestos de trabajo que ello conlleva, sin que hasta el momento haya trascendido información alguna sobre como se van a establecer dichos complementos y las circunstancias que están determinando su asignación.
La expectativa creada desde finales del 2005 es tan grande que incluso desde el ministerio aprovechan esta circunstancia para suscitar el interés por las vacantes que algunas unidades oferten, publicitando las futuras retribuciones aplicadas a unidades especiales, como ya está ocurriendo con la creación de la Unidad de Emergencia Militar. También se ha hecho “rodar” un documento de trabajo, sin ninguna fiabilidad, que viene a añadir cierto desconcierto y preocupación por lo que pudieran llegar a ser dichos complementos ya que se advierte en él una descarada desproporción en beneficio de los empleos superiores.
Por supuesto, y como casi todo en esta “empresa”, no teniendo presentes en el desarrollo de la normativa a los colectivos implicados, a sus representantes, a asociaciones profesionales y a algún que otro órgano, como los Consejos Asesores (si estuvieran reconvertidos democráticamente en auténticos representantes de los colectivos militares), cabe esperar que esta parte tan importante de las retribuciones se asigne de forma que no sea justa ni equitativa y por tanto no se ajuste a una lógica profesional y termine generando malestar e indignación.
Decir esto no resulta gratuito pues sólo hace falta una mirada objetiva a las retribuciones actuales, en sus distintos apartados retributivos, para poder intuir un resultado negativo, por injusto, en los conceptos aún por remunerar. La aplicación de retribuciones debe llevarse a cabo desde la rigurosidad, la objetividad y la lógica, pero cuando vemos la forma en que se está realizando, cabe pensar que quienes lo realizan mirarán, aun incluso con el subconsciente, hacia su ombligo.
Uno de los avances que aporta la democracia es la participación del individuo en la elaboración de la normativa que le afecta. Nuestra Constitución así lo contempla y en la mayoría de los procesos normativos que afectan a los trabajadores, tanto en sus componentes sociales como remunerativos, participan a través de los sindicatos, asociaciones profesionales y comités de empresa. Pues tan importante es participar dando conocimiento y opinión como efectuar una labor de “control” para evitar desmanes e injusticias.
Pero en las Fuerzas Armadas no existen esos avances democráticos porque aún no ha llegado la democracia. 250 millones de euros, mas de lo que supuso la última subida retributiva, están pendientes de repartirse y la forma de realizarlo es como siempre en esta “empresa”: “mamaíta” repartirá pues ella sabe bien como hacerlo. Pero aquí no hay ni mamaítas ni niños, aquí somos todos PROFESIONALES, y el tratamiento democrático de estos aspectos no está reñido para nada con la operatividad y la disciplina que tanto se teme desde el ministerio.
El aspecto fundamental de las retribuciones pendientes de establecerse está en la acomodación del Componente Singular del Complemento Específico (CSCE). “La asignación de este complemento es independiente del empleo militar que ocupe el puesto”. Así reza en el actual Reglamento de Retribuciones, el Componente General sí se establece en función del empleo en el orden jerárquico, pero queda claro que el CSCE no. Este Componente Singular se establece para retribuir las especiales condiciones en que la unidad de destino desarrolle su actividad así como, dentro de la misma, las singulares condiciones de responsabilidad, preparación técnica, peligrosidad y penosidad del militar, independientemente del empleo que ocupe el puesto.
¿Tienen menos responsabilidad conductores de materias peligrosas, pilotos de aeronaves, técnicos de explosivos, etc., que un jefe de compañía o de sección? Pues para algunos componentes del Grupo de Trabajo que pretende desarrollar la norma, parece que sí. Existe un claro empeño en establecer en todo punto, que el orden jerárquico impere siempre por encima de cualquiera otra consideración. La peligrosidad y la responsabilidad en muchos casos van unidas, pues distinto es que la peligrosidad sea individual a que también se pueda inferir a otras personas o elementos. Por tanto, gran consideración han de tener numerosos puestos de trabajo indistintamente del empleo que se ostente en el mismo.
Pero también está pendiente la reimplantación del Complemento de Dedicación Especial, paradigma del “se lo doy a quien me da la gana”. Este complemento que no es otro que el de productividad, en el resto de la administración, viene “otorgándose” de la forma tan injusta y partidaria que todos conocemos. Aquí cabría realizarse un esfuerzo para establecer unos verdaderos criterios objetivos para su asignación y, en virtud de la justicia y transparencia, y también, porque no, de la ejemplaridad, implantar una publicidad en las unidades que muestre a sus merecidos perceptores.
Una de las grandes carencias del nuevo Reglamento de Retribuciones es la no contemplación de otros aspectos retributivos como lo son la dotación de remuneración a las guardias en general, las horas extras y los servicios extraordinarios. Quizás dotar a estas actividades de una remuneración podría implicar reducir otras y ya se sabe quien saldría perdiendo y quien ganando; ¿Quién efectúa la mayor parte de las guardias? Pero eso no es todo, existe un sinfín de actuaciones, que van más allá de los horarios y actividades habituales, que no tienen ningún tipo de remuneración y se hace abuso de ello. Se convierten ejercicios de tipo “alfa” en jornadas continuadas de un día (sin dietas claro), se efectúan jornadas en el campo de varios días (caso de Ceuta y Melilla) sin cobro alguno de dietas, se colabora con otras instituciones sin percibir gratificación a cambio.
Es necesario y de justicia que las cantidades pendientes de asignación por los conceptos que el reglamento contempla, ante la falta de un proceso democrático y transparente que lo legitime con mayor fuerza, se establezcan férreamente conforme al espíritu de la norma y con gran justicia. Si no fuese así, cabría quedarnos con la sensación de que se ha procedido al reparto de un botín por quienes tienen el poder, sin control, para realizarlo.
