Tambores de Guerra

La Operación Balmis, en la que los miembros de las Fuerzas Armadas han realizado labores de desinfección contra la COVID-19, principalmente en centros de mayores y lugares públicos de gran concurrencia, ha acercado a la ciudadanía el conocimiento de sus hombres y mujeres en plena actividad, algo que hasta la fecha sólo se constataba en las actuaciones de la Unidad Militar de Emergencias -UME- ante catástrofes naturales.

Se ha tenido siempre un cierto conocimiento de sus actuaciones, sobre todo en las misiones internacionales, pero no es lo mismo intervenir fuera de nuestras fronteras, en sociedades lejanas, que hacerlo en apoyo de sus propios conciudadanos; la percepción que se tiene entonces es distinta, haciéndose más palpable el trabajo y el beneficio real que se obtiene del servicio que esos hombres y mujeres realizan para el Estado cuando se realiza directamente en casa y ante sus conciudadanos.

Esta situación ha servido para que las Asociaciones profesionales, como representantes de los militares, estén poniendo en valor la falta de una verdadera correspondencia entre la labor que estos hombres y mujeres realizan y el reconocimiento profesional -retribuciones y ejercicio de derechos- que reciben por dicho trabajo. Un reconocimiento debe tener su base en salarios justos y plenos derechos y libertades en condiciones de igualdad con el resto de servidores públicos.

Los ministros y ministras de las dos últimas décadas han mantenido la misma retórica de dar relevancia al trabajo del militar, poniendo énfasis en valores, tales como la entrega, el sacrificio, el altruismo, etc., a modo de compensación al trabajo realizado y utilizando las conocidas recompensas militares como moneda de pago; un pago simbólico que, reconozcamos, no satisface ninguna de sus necesidades materiales.

En tiempos de la dictadura franquista, el aislamiento al que estaba sometido el militar facilitó el sistema de privilegios que se estableció como forma de compensación a los bajos salarios de los militares. Pagos “en especie”, economatos, farmacias, colegios, cooperativas, etc., que llegaban al grueso, y otros, con mayor calado económico, que solo alcanzaban a las élites: puestos en empresas, cargos políticos en la administración y manejo de presupuestos en las unidades con escaso control fiscalizador.

Con llegada de la democracia se produjo un cambio dirigido a reintegrar plenamente en la sociedad a los miembros de los ejércitos. Esfuerzo que, todavía hoy, no ha concluido, permaneciendo en la sociedad la imagen de unas Fuerzas Armadas reaccionarias a las que se les continúa otorgando un cierto aire institucional, donde ser militar es más que un oficio una forma de vida, y los valores -virtudes militares- que se les suponen a sus integrantes parecen anteceder a los derechos fundamentales y libertades públicas proclamados en la Constitución de 1978 a “todos” los ciudadanos.

Pero hace tiempo que el militar ha tomado conciencia de su nuevo papel en la sociedad, y las incorporaciones realizadas en las últimas décadas, han visto en las Fuerzas Armadas un mundo laboral que, pese a sus innegables particularidades, está sujeto a las normas del Estado de Derecho común a todos los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas han adquirido así un fuerte carácter ocupacional y las leyes que rigen su régimen de personal lo corroboran.

Los militares llevan tiempo reivindicando sus derechos y mejoras laborales y lo comenzaron a realizar de forma organizada y mediante un sistema de representación que surgió, en parte, gracias al empuje de los propios militares conscientes de la dimensión laboral de su actividad. Y es desde este marco en el que se ha levantado la voz para reclamar una justicia salarial que hace años se les niega con excusas cada vez menos creíbles.

Dejó escrito el diplomático francés Blaise de Vigenère: “Es bueno que las tropas anden escasas de dinero algunas veces para, a fin de hacerlas más obedientes y para que vivan de la esperanza”

La reciente subida salarial efectuada a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, ha supuesto, para los miembros de las Fuerzas Armadas, un gran agravio al no haberse efectuado en paralelo una revisión de sus retribuciones, reivindicación que viene de largo, iniciada antes de las más llamativas acciones efectuadas por los policías y guardias civiles, contando además, con el aval del Observatorio de la Vida Militar y de los miembros de las comisiones de Defensa del Congreso y del Senado.

Esta reivindicación retributiva ha cogido cuerpo por las sucesivas demoras que tanto la anterior ministra de Defensa como la actual, han esgrimido para no poner sobre la mesa el siempre prometido estudio inicial para la reforma salarial; “…para que vivan de la esperanza”. No es tan malo que te digan “no” como que te den largas sujetas a un “cuando se pueda”.

Las Asociaciones profesionales, representantes legítimas de miembros de las Fuerzas Armadas, se han movilizado unidas para llevar adelante la reivindicación de un salario justo, realizándolo en un contexto más amplio que engloba la propia dignidad de los hombres y mujeres militares, reclamando además un nuevo modelo de régimen de personal.

Las medallas, los agradecimientos, las metopas en las paredes, etc., no sirven ni dignifican si no van acompañadas de un reconocimiento real de derechos y satisfacción de necesidades vitales de las personas. El continuo llamamiento a las virtudes militares se convierte en una gran farsa que encubre una desatención de los elementos principales que configuran el “contrato laboral”; son herramientas del pasado que hoy ya no valen. Los miembros de las Fuerzas Armadas reclaman más derechos y mejores salarios en lugar de aplausos, medallas y tópicos discursos.

La movilización de los militares está en marcha por un régimen de personal y unas retribuciones justas. Una reivindicación que no dudamos está avalada por la sociedad española que tan bien conceptúa el trabajo esencial de los miembros de las Fuerzas Armadas y que el Gobierno tendrá difícil negar y continuar dando largas.