Durante la reunión plenaria correspondiente al 105º Presidium de EUROMIL (Organización Europea de Asociaciones Militares), celebrada en Limerick en abril de este año, al que tuve la oportunidad de asistir como miembro de la delegación de AUME, y con motivo de la intervención en este foro del Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas irlandesas, reflexionaba sobre los treinta años que, en este ámbito de la representación de los militares profesionales, nos saca de ventaja Irlanda.
El discurso del general McCann resaltó la importancia de mantener un flujo continuo de información, con total transparencia y lealtad, y más allá de eventuales desacuerdos sobre políticas concretas, entre las autoridades políticas, los mandos militares y las asociaciones representativas en el convencimiento de que esta estrecha colaboración mejora significativamente la gestión de los recursos humanos y eleva la motivación del personal militar. Como apoyo de esta afirmación aludía el general a su propia experiencia en el mando y al cambio para mejor experimentado en las Fuerzas Armadas irlandesas desde que, en los años ochenta, se sustituyó la política del recelo y el enfrentamiento entre ambas partes por la de la confianza mutua y la participación activa de las asociaciones en las políticas que afecten al ámbito de su competencia.
Además del JEMAD irlandés, intervino también como orador invitado el ministro de Finanzas de la República de Irlanda, Sr. Michael Nooman, y estuvo presente la Sra. Paulyn Marrinan Quinn, Defensora de los Militares (Ombudsman for the Defence Forces). La participación a tan alto nivel del poder ejecutivo y de la cadena de mando militar indica la importancia que en Irlanda han alcanzado las asociaciones profesionales de militares y el valor de interlocución que las autoridades les otorgan. La Asociación de Suboficiales y Tropa y Marinería PDFORRA (Permanent Defence Forces Other Ranks Representative Association) anfitriona del encuentro, ha mostrado así su liderazgo en las filas militares y su capacidad de influencia en los círculos de alta dirección de su país.
En España, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, se ha iniciado el proceso de constitución del Consejo de Personal como órgano paritario de la Administración y las Asociaciones Profesionales para tratar asuntos que afecten a los militares en los ámbitos profesional, social y económico. El Consejo, según estatuye su Reglamento, recientemente publicado, tendrá que tener conocimiento y ser oído en materias tales como el establecimiento o modificación del estatuto profesional y el régimen disciplinario, la determinación de las condiciones de trabajo, el régimen retributivo, los planes de formación y profesionalización de las FAS, el régimen de permisos, vacaciones y licencias, y los planes de previsión social complementaria.
Está previsto también en el Reglamento que las funciones del Consejo se extiendan a la consideración de propuestas o sugerencias planteadas por las asociaciones o por el propio ministro de Defensa, a informar con carácter preceptivo (y, por supuesto, previo a su aprobación) las disposiciones legales que les competan, y a recibir información periódica de la política de personal y de las estadísticas que se dispongan sobre las condiciones de trabajo de los militares (absentismo, siniestralidad, enfermedades profesionales, etc). Como es usual en otros países de consolidada práctica sindical o asociativa, queda vedado a la acción de las Asociaciones representativas la política de Seguridad y Defensa y el empleo operativo de la Fuerza, responsabilidad exclusiva del Gobierno, y por tanto materias excluidas de las funciones del Consejo de Personal.
El proceso hasta el reconocimiento legal del asociacionismo militar en España se ha dilatado en el tiempo si consideramos los treinta y cuatro años transcurridos desde la aprobación de la Constitución en 1978, año que marca el comienzo del funcionamiento plenamente democrático en nuestro país. Aunque la Sentencia del Tribunal Constitucional 219/2001 había declarado el derecho de los militares –ante todo, ciudadanos– a asociarse en defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales, los distintos gobiernos fueron ignorando deliberadamente la existencia de asociaciones representativas –y en algunos momentos, con indisimulado disgusto, incluso aplicando medidas sancionadoras a sus representantes para tratar de desactivar el movimiento asociativo disuadiendo a los posibles afiliados– hasta la presentación del proyecto de LDDFAS en la pasada legislatura.
Si consideramos ahora el proceso en relación con la fundación de AUME, que se inscribe en el Registro de Asociaciones del ministerio del Interior en 2005, y en pocos meses se constituye en la Asociación más caracterizada para el personal militar en activo, tanto por su número de socios como por su carácter transversal en las escalas, el proceso de reconocimiento ha sido, en cambio, relativamente rápido al haberse conseguido en apenas siete años recorrer el camino del pleno reconocimiento del asociacionismo militar. En este tiempo de intensa actividad de los miembros pioneros de la junta directiva, luchando contra el rechazo oficial e incluso el recelo de buena parte de sus compañeros educados en una cultura profesional contraria a la representación democrática, se ha conseguido convencer de la necesidad de introducir la normalidad también en esta materia en nuestros ejércitos.
Las circunstancias históricas de nuestra transición política –y, particularmente, de la transición militar– condicionaron y retrasaron las necesarias reformas del régimen de personal y son también responsables probablemente del retraso en la regulación del fenómeno del asociacionismo militar, que conviene recordar que, lejos de ser un asunto exótico, es consustancial desde hace décadas a las sociedades democráticas de los países de nuestro entorno. Todo cambio sustancial genera resistencias y temores en una organización apegada a la tradición como las Fuerzas Armadas, pero que ha demostrado ya su dinamismo y su capacidad para estar a la altura de los tiempos. De la misma forma en que en otra época algunos retos como la incorporación de la mujer o la profesionalización del personal de tropa y marinería, en su momento asuntos vistos con preocupación, fueron superados con éxito en un breve plazo de tiempo, también ahora la organización militar sabrá adaptarse con normalidad a las exigencias de la participación asociativa.
Una vez obtenido el reconocimiento legal, es preciso recuperar el tiempo con una rápida implementación del nuevo sistema de representación y un decidido apoyo institucional en la difusión y en la disposición de medios por las asociaciones profesionales para facilitar la participación del personal militar desde las unidades. La actitud de colaboración, la lealtad y la transparencia de todos los participantes –asociaciones, mandos militares, afiliados y no afiliados– será fundamental para que el proceso de adaptación culmine sin obstáculos y genere la necesaria confianza entre las partes.
El ministerio de Defensa, con la buena disposición mostrada por la Subsecretaria de Defensa con los representantes de las Asociaciones Profesionales, parece haber comprendido la importancia, y no sólo la mera obligación de ejecutar un mandato legal, de contar con la leal colaboración de las asociaciones para mejorar la gestión y asistencia del personal, así como las condiciones en las que éste desarrolla su trabajo, lo que aumentará la motivación del personal y, por ende, la eficacia de nuestros ejércitos.
Fidel Gómez Rosa
Subteniente, Ejército del Aire
