El 20 de marzo de 2003 se desencadenó la guerra de Irak con la participación de las Fuerzas Armadas Españolas. Esta guerra se inició con gran clamor popular contra la intervención por lo que ya parecía, a todas luces, una acción en contra del consenso internacional y con el precedente de una afirmación que no se sostenía: la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. De todas las bajas sufridas, tanto por participantes extranjeros como por los propios iraquíes, once lo fueron de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado español, a las que cabe añadir otras dos muertes de periodistas españoles. Hoy, el silencio sobre la mentira es acusador.
La participación española en dicha guerra resultó polémica no sólo porque en el ámbito parlamentario el Partido Popular hiciera uso de su mayoría absoluta para dar la autorización, sino también, porque la opinión pública estaba mayoritariamente en contra (las encuestas oficiales hablaban de un noventa por ciento en contra de la participación española). Por cierto, quien defendió en el Parlamento la postura del Partido Popular fue el entonces Portavoz de Exteriores Gustavo de Arístegui, hoy investigado (imputado) por el posible delito de cobro de comisiones ilegales por negocios en el exterior.
El conocido como “Informe Chilcot” aglutina una gran información sobre todo lo ocurrido entonces (antes, durante y después de la guerra) con gran profusión de datos oficiales, corroborando lo que ya de por sí ha venido siendo una verdad intuida: que los motivos de la guerra fueron una mentira manifiesta.
A la falta de declaración de guerra por ninguna de las partes cabe añadir que tampoco existió una declaración expresa de la ONU que avalara la intervención. No existió un consenso internacional (ni siquiera de los actores con mayor peso político internacional: Alemania, Francia y Rusia, entre otros, se opusieron a la intervención). En España no hubo consenso de las fuerzas políticas sobre la resolución que finalmente aprobó el Parlamento, ya que el Partido Popular utilizó su mayoría absoluta oponiéndose al resto de parlamentarios. Pero quizá lo que se puede considerar el acto con mayor carga moral en todo lo relacionado con dicha intervención, fue que lo que sirvió de motivación fundamental para aquella, consistiera en una gran mentira formulada por el Presidente del Gobierno Español, José Maria Aznar: “Créanme lo que les digo. Es la verdad. Sadam dispone de armas de destrucción masiva”. Creyésemos o no, los ciento ochenta y tres diputados del Partido Popular pusieron en marcha la intervención de España en la Guerra de Irak.
No se encontraron armas de destrucción masiva y se confirmó que los informes que hablaban de su existencia eran falsos (el Informe Chilcot profundiza aún más en los detalles). Nuestro presidente de Gobierno nos engañó. El resultado de la intervención fue el de miles de muertos, trece de ellos españoles.
En el año 2005 se aprobó la Ley Orgánica de Defensa Nacional, estableciéndose con ello los criterios y los ámbitos de actuación de las Fuerzas Armadas en contextos internacionales (no existiendo hasta entonces más que lo que se recogía en la directiva de Defensa Nacional 2000, al respecto de dichas participaciones). Esta ley determina que España debe fundamentar su estrategia de defensa y seguridad en “un sistema multilateral de acciones e iniciativas basado en el reconocimiento de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad fundamental en el mantenimiento de la paz seguridad internacionales”.
Aunque esta ley fue posterior a la intervención en Irak (de hecho establece los criterios para una intervención, en base a la experiencia de la gestión de la intervención en Irak) la Directiva de Defensa del año 2000 adelantaba los ámbitos de actuación en intervenciones fuera de España, que no parece que fuesen expresamente contemplados para aquella acción.
Dicha Directiva de Defensa del año 2000 establecía entre otras cosas que unos de los fines en el ámbito de la Seguridad y Defensa es el de contribuir a las misiones de ayuda humanitaria, a las operaciones de paz y de gestión de crisis emprendidas por las organizaciones internacionales y europeas de las que España sea Estado miembro. Se indicaban unas líneas básicas, entre las que destacan el complementar la acción exterior del Estado en los ámbitos de Seguridad y Defensa manteniendo la presencia en las organizaciones de defensa y seguridad colectivas (OTAN y Unión Europea) apoyando procesos de paz y ayuda humanitaria. El famoso “trío de las Azores” junto al resto de países que integraron la coalición para la intervención, no eran exactamente “las organizaciones colectivas de defensa y seguridad” existentes hasta entonces.
Trece personas españolas dieron su vida por una mentira. No sólo la que el entonces Presidente de Gobierno nos propinó, sino también, la más que segura mentira que ofrecieron los servicios de inteligencia norteamericanos y británicos (de los españoles se sabe poco).
Once miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas cumplieron su misión con responsabilidad como servidores del Estado. Su estatus les exige la máxima entrega en el cumplimiento de la misión, y así lo hicieron. Sin preguntar y sin rehusar, porque, entre otras cosas, la fidelidad con que desarrollan su trabajo se debe, en gran medida, a la confianza que se debe tener en el mando militar y en la legitimidad de la mision. Ya entonces supimos de la falta de legitimidad (la ONU no formuló una nueva Resolución llamando a la intervención) y ahora tenemos más argumentos que muestran la gran mentira. El ejemplo político que se ha dado para futuras misiones es totalmente negativo, pues la desconfianza puede ser un elemento devastador para la moral de las tropas que puedan intervenir en futuros escenarios en circunstancias parecidas. Ir a morir por una mentira.
Semejante mentira que conllevaba poner en peligro a nacionales (por no hablar de los otros daños a terceros) muestra la catadura moral de quien fue capaz de proceder con las acciones emprendidas entonces. No ser capaz de admitir el engaño, haber engañado y no pedir perdón, resulta indecente. Ni los fallecidos ni sus familias merecen semejante silencio que clama culpabilidad.
No puede ser gratuito manejar a los seres humanos como cosas y menos aún realizándolo con engaños y aprovechando la obediencia debida del servidor público, que no está al servicio ni de una persona ni de un partido político, sino, al de todos sus conciudadanos.
Hemos visto en demasiadas ocasiones las soflamas de generales en activo, en reserva o retirados con motivo de la situación política catalana. Respecto a estas muertes no hemos visto opinión alguna. De esos generales tampoco. Pero lo que aún no terminamos de ver es una acción legal decidida para que exista un control absoluto por parte del Parlamento sobre las intervenciones en el exterior de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mucho más allá del interés unipersonal o de una sola fuerza política. Una intervención militar que conlleva la pérdida de vidas tiene que estar amparada por un amplio consenso parlamentario, en definitiva, por la mayoritaria decisión de la pluralidad de la sociedad.
Existe una lección por aprender y una responsabilidad sin depurar. Las vidas de trece compatriotas y de otras miles de personas merecen de una lección aprendida y de justicia.
-JORGE BRAVO- Secretario General de AUME.
