ABC 19-04-2011
La «prisa y la precipitación» en el procedimiento utilizado por el Ministerio de Defensa para buscar culpables del robo de armas en un cuartel de Badajoz, y la posible utilización política que la titular de este departamento, Carme Chacón, ha podido hacer de su potestad sancionadora para eludir su responsabilidad en el mismo y descargarla sobre los militares, son dos de los principales argumentos utilizados por uno de los cuatro militares sancionados a causa de ese robo en el recurso que ha interpuesto contra la resolución sancionadora. Una resolución que se saldó con catorce días de arresto que cumplió en su domicilio.
Aunque son varias las razones que han empujado al soldado sancionado a recurrir el castigo impuesto, la más llamativa es la que se refiere a la posible utilización política que podría haber hecho la ministra Chacón. En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, se apunta a que pudiera haber acelerado el proceso sancionador para que, el día de su comparecencia en el Senado y el Congreso para responder a las preguntas de la oposición, ya tuviera sobre la mesa las sanciones. Y llegan a esta conclusión al constatar que, desde el día que se produjo el robo, la noche del 27 al 28 de febrero, hasta el 7 de abril los militares solo fueron interrogados por la Guardia Civil.
Sin embargo, el día 7 de abril, un día antes de la comparecencia de la ministra «fuimos llamados a las tres de la tarde para que nos presentáramos en la Base ante el general Sanjuán Martínez y el coronel Cuenca Ordiñana. Fueron llamando a todos, en grupos o de manera individual para que contestáramos a sus preguntas, sin que se nos mostrasen documentos, informes o grabaciones. Se nos dijo que estamos obligados a contestar. Después se despidió a todo el personal menos a un sargento, un cabo, a otro soldado y a esta parte y, tras varias horas de espera, se nos notificó el arresto. Ya eran más de las once».
«Desviación de poder»
Este relato de los hechos le lleva a afirmar que «había mucha prisa y precipitación en todas estas gestiones que, junto con la quiebra radical de derechos fundamentales, evidencia que se quería trasladar a Madrid que los arrestos estaban impuestos». Al día siguiente, 8 de marzo, comparecía la ministra en el Senado, y el 9 en el Congreso, llegando a decir que «los arrestos son una decisión del Estado Mayor de Tierra que yo avalo».
La conclusión a la que llegan en el recurso presentado es que «estamos en presencia de un acto administrativo dictado desde una palmaria situación de desviación de poder, entendiendo ésta como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos a lo previsto en el ordenamiento jurídico».
